Nuevo proceso constitucional: ¿Qué defender y quién debe hacerlo?

Fernanda García

Existe hoy un consenso transversal respecto de que la ciudadanía se manifestó de manera contundente en el plebiscito de salida del pasado 4-S. Y si bien hay acuerdo en cuanto a la magnitud del resultado, no ocurre lo mismo respecto de su interpretación. ¿Puede algún sector o partido político atribuirse la facultad de interpretar fielmente el sentido del rotundo voto popular?

La respuesta parece negativa, fundamentalmente por dos razones. La primera es que el voto del Rechazo es expresión de distintas miradas que no necesariamente coinciden en lo que quieren para Chile, sino más bien, en lo que no quieren. La segunda razón es que la opción vencedora no fue liderada por un sector políticamente articulado y único que pueda hoy atribuirse la titularidad de la victoria.

“Los líderes políticos tienen el imperativo de articular los consensos que la ciudadanía demanda, y el Congreso Nacional es el encargado de habilitarlos como prescribe la ley. Resguardando lo que no se hizo en 2019: la sensatez, juridicidad y seriedad del proceso constitucional”.

Sin embargo, afirmar lo anterior no obsta a que haya total claridad respecto de quiénes son los responsables hoy de defender el diseño sensato de un proceso constitucional legítimo y eficiente. Sin duda, son los líderes de los partidos políticos, con representación parlamentaria, quienes deben cumplir con el imperativo de articular los consensos que la ciudadanía demanda, y el Congreso Nacional el encargado de habilitarlos en la forma que prescribe la ley.

Por otra parte, ¿qué es lo que debe defenderse al tiempo de diseñar un nuevo proceso constitucional? El imperativo ético y deber jurídico de los líderes de centroderecha y centroizquierda es ceñirse, fielmente, a la voluntad popular que rechazó la refundación de la institucionalidad chilena a través de un proceso partisano, antojadizo, polarizado y francamente caricaturesco. Al respecto, y aunque no todos lo admitan, lo que hace “apabullante” a la derrota del Apruebo (para usar el calificativo de Atria), no son solo las históricas cifras de participación y triunfo, sino, sobre todo, el sustancial y vertiginoso giro desde un impresionante 80/20 inicial, hasta un lapidario 37/63, en menos de dos años.

La ciudadanía desilusionada y cansada exige a su dirigencia hoy garantizar lo que no pudo resguardar a fines de 2019, esto es la sensatez, juridicidad y seriedad del proceso constitucional chileno. La innegable necesidad de contar con una presencia relevante de juristas expertos, que acompañen con mayor o menor autonomía al órgano constitucional y/o lo integren, parece a estas alturas, insoslayable. También es indispensable exigir que dichos expertos y todo candidato que aspire a integrar el órgano constituyente declare expresamente reconocer el carácter derivado del poder que se apronta a integrar, y la tradición constitucional chilena que sirve de límite al ejercicio de su competencia. Finalmente, definir un procedimiento claro y técnicamente prolijo es determinante para el éxito del proceso que inicia.

En ocasiones, lamentablemente, resulta desconcertante apreciar la tibieza de algunos líderes políticos (especialmente de centroderecha) respecto de la convicción de ser depositarios del deber, y no la opción, de defender este mandato ciudadano. Incluso algunos sectores partidarios del Apruebo parecen dimensionar con mayor claridad la magnitud del resultado del plebiscito de salida. Baste para ilustrar lo anterior citar nuevamente a Atria, quien reflexionando sobre el duro juicio histórico que a su juicio espera a la Convención pasada, señaló que “la historia la hacen los vencedores”. Que no olviden nuestros líderes quiénes son hoy esos vencedores en este nuevo escenario político.