Nueva Constitución, nuevo pacto económico

Gabriel Domínguez

A propósito del acertado editorial del Diario Financiero este miércoles, donde se preguntaba si está Chile en condiciones de participar en fases más sofisticadas de la cadena de valor de la producción del litio, considero relevante despejar dos obstáculos importantes, si es que queremos como país transitar con éxito en esa dirección, y, junto a ello, acometer las acciones necesarias en el marco de este debate cuando estamos en proceso de elaborar una nueva Constitución.

Primero, debemos evitar el mito de la economía industrial: una economía exportadora de materias primas sí puede ser exitosa, como lo son Nueva Zelanda y Australia. Esto significa que concentremos –de una vez por todas– las fuerzas en producir la mayor cantidad de litio y cobre, cuidando el medio ambiente. Lo anterior debe ser asegurado por la Constitución mediante normas jurídicas justas, estables y predecibles.

“Debemos evitar el mito de la economía industrial: una economía exportadora de materias primas sí puede ser exitosa, como lo son Nueva Zelanda y Australia. Esto significa concentrar las fuerzas –de una vez por todas–en producir la mayor cantidad de litio y cobre, cuidando el medio ambiente”.

O dicho de otro modo, contar con reglas claras que aseguren la colaboración Público-Privada en la explotación de estos recursos energéticos claves en la economía del siglo XXI. Con esto despejaremos otro mito que daña a la industria del litio: la premisa del Estado desarrollista con la máxima exclusión posible de aporte privado, que parece guiar la Empresa Nacional del Litio que el Presidente Boric promete; pero que no sabemos de qué trata, salvo de que no tiene capacidad tecnológica para explotar este mineral.

Segundo, este nuevo pacto económico debe asegurar el beneficio para toda la economía y que los ciudadanos así también lo perciban. ¿Por qué no habilitar la construcción de una red de desalinizadoras, embalses y canales de propiedad del Estado para acometer la sequía con expresa mención de participación de los fondos de pensiones y otros privados? Si un fondo de pensiones de Canadá invirtió en Hortifrut, ¿por qué no habilitar una participación más directa de las pensiones chilenas en las ganancias del litio? ¿Por qué no habilitar la presencia de fondos privados en Codelco o la futura Empresa Nacional del Litio?

Respecto de la sociedad civil, en este nuevo pacto económico, la Constitución debe establecer dos temas fundamentales: un estatuto de incentivo a las donaciones universal ayudando y no castigando dichos aportes a ONG y Fundaciones (como Desafío Levantemos Chile o la Teletón) y un mandato claro de que la riqueza producida en las regiones se quede en las mismas regiones.

Es verdad que el fin de una Constitución no es hacer política pública, pero sí habilitarla. Y el nuevo pacto económico constitucional debe de una vez abandonar los mitos y en resumen hacer dos cosas: fomentar la exportación de materias primas esenciales para la transición energética, con respeto del medio ambiente y con una clara apuesta de una colaboración público privada, señalando expresamente que Estado, mercado y sociedad civil no son enemigos, sino colaboradores, dando herramientas jurídicas para que todos participen en la construcción de la economía y del bien común en igualdad de condiciones y sin vetos.