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Alto contrasteLos consumidores se han transformado en un tema recurrente en el país en este año electoral. Entre los diagnósticos y propuestas al respecto, quiero referirme a lo señalado por Espacio Público, que sostiene que una debilidad del actual sistema es la inexistencia de coordinación entre los reguladores sectoriales (SBIF, Subtel, etc.) y el Sernac, lo que se debería a que los primeros no tienen incentivos claros para colaborar con el Sernac. Como corolario, se propone remplazar la primacía de las normas sectoriales por un sistema integrado, transformando la protección al consumidor en una política pública transversal, aplicable a todos los órganos del Estado. Ello implicaría compartir información y coordinar actividades conjuntas de cumplimiento entre el Sernac y los organismos sectoriales.
Existen en ese diagnóstico elementos compartidos por una gran mayoría, como la necesidad de que exista un buen sistema de protección contra los abusos y la perfectibilidad del actual sistema.
Si se revisa la Ley General de Bancos, se verifica que la Superintendencia del ramo no tiene entre sus funciones ninguna relacionada con la protección al consumidor. Por mandato legal la SBIF vela porque el dinero de los depositantes, que son consumidores, aunque en este caso actúan en otro rol, esté seguro en los bancos, y éstos puedan retirarlo sin contratiempos cuando lo requieran.
De igual manera, la SBIF tiene a cargo la fiscalización del normal funcionamiento del sistema de pagos y de créditos, que permite que sea fluido acceder a un préstamo o cobrar un cheque. En definitiva, la SBIF produce confianza en el buen funcionamiento del sistema financiero y la protección de los depósitos. Sin perjuicio de ello, la SBIF incluso antes de la creación del Sernac, a principios de los 90’s, ha tenido un rol relevante en la protección del consumidor.
De un modo análogo a la propuesta que hace Espacio Público, podría sugerirse que todos los organismos sectoriales también colaboren con el SII para maximizar la recaudación tributaria, lo que permitiría financiar las reformas en Educación, Salud y Pensiones sin elevar las tasas de impuesto. Ese objetivo es tan prioritario como la protección al consumidor.
Con este ejemplo se puede ilustrar que ampliar en demasía los objetivos de un supervisor puede desnaturalizar su función y pone en riesgo su efectividad. Cuando se trata de los objetivos institucionales, más no es preferido a menos. Más objetivos producen dispersión de los esfuerzos y, a veces, algunos objetivos pueden ser contrapuestos.
Distinto es cuando Espacio Público habla de colaborar con el Sernac compartiendo información y mejorando los incentivos para ello; una línea por la que el Estado en su conjunto ya ha optado, y que difícilmente podrá dar vuelta atrás en el mundo de ciudadanos crecientemente empoderados que hoy vemos y que tiende a disminuir la asimetría entre consumidores y proveedores de servicios.
En las políticas públicas conviene evitar las soluciones que caminen por el rumbo del absolutismo, sea que se trate de la protección al consumidor, del medio ambiente o de cualquier otro loable propósito. En cuanto a cómo mejorar la protección a los consumidores, se necesita seguir debatiendo.
