Una Reforma Laboral radical

Luis Larraín

La reforma laboral se acerca al final de su tramitación. Sólo falta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre las cuatro objeciones que parlamentarios de la oposición presentaran. Se trata de la extensión de beneficios logrados en la negociación al resto de los trabajadores de la empresa, que ahora sólo podrá realizarse con la anuencia del sindicato; de la difusión de remuneraciones y antecedentes de personal de la empresa; de la eliminación de los grupos negociadores y de las normas sobre negociación interempresa.

La reforma deja a nuestro país como uno de los países del mundo donde los sindicatos tienen mayor poder de negociación y además ejercen control sobre los trabajadores de la empresa más allá de su voluntad.

La reforma se presenta a la opinión pública como una medida para lograr más igualdad en Chile. Pero la realidad será muy distinta. En primer lugar, investigaciones de destacados economistas como el chileno Ricardo Caballero, muestran que la participación del retorno al trabajo en el ingreso nacional baja cuando se fortalece el poder de los sindicatos. Vale decir los trabajadores se llevan una parte menor de la torta, porque las empresas se mecanizan para enfrentar este nuevo escenario.

El gobierno y la CUT se han empeñado en mostrar esta reforma como moderada, que sólo nos vendría a poner al día. Pero la realidad es muy distinta: sus disposiciones más controversiales son en extremo radicales.

La extensión de los beneficios de una negociación a otros trabajadores de la empresa es hoy día una facultad del empleador y lo mismo sucede en otros veinte países de la OCDE tales como Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Noruega, Italia, Suecia, etc. En Chile, el trabajador beneficiado debe pagar al empleador la cuota sindical cuando obtiene este beneficio. Hay también trece países de la OCDE, entre los que se cuentan Suiza y Holanda en que esta extensión de beneficios es automática. Sólo cuatro países requieren que el sindicato apruebe esta extensión de beneficios. Chile se agrega ahora a este último grupo de países al exigir la autorización del sindicato.

Otra materia que causó muchas discusiones, e incluso dividió a los senadores de la Nueva Mayoría, fue la eliminación de toda posibilidad de reemplazo durante la huelga. Esta acción del empleador, que está ligada a su facultad de administrar sus bienes y en definitiva al derecho de propiedad, era permitida con ciertas restricciones en nuestra legislación. Era necesario cumplir plazos y también se exigía que la oferta del empleador no fuera inferior a las condiciones vigentes.

Nuevamente aquí se superó ampliamente el estándar de la OCDE. Si bien en una mayoría de países de esta organización el llamado reemplazo externo, con trabajadores de fuera de la empresa, no se permite (diecisiete países) y en una minoría (nueve países) sí hay reemplazo externo; el reemplazo interno, con trabajadores de la propia empresa, está permitido en prácticamente todos los países. De hecho hay veinticinco naciones en la OCDE que lo contemplan, entre ellos Alemania, Francia, Canadá, Estados Unidos, Grecia, Suecia, Portugal, Italia, etc. y sólo dos que no lo permiten. A este reducido grupo se une ahora Chile.

Como puede apreciarse, Chile pasa a estar en el grupo de cinco países con más protecciones y facultades al sindicato en toda la OCDE, siendo que es uno de los tres países más pobres de la organización. Como veíamos al principio estas regulaciones tienen consecuencias y se traducen finalmente en una disminución de la participación del trabajo en el ingreso nacional.

Cuesta creer entonces que la prioridad de este gobierno será ahora el crecimiento y la productividad. La promesa de igualdad del gobierno de Michelle Bachelet esconde una abierta agenda de reivindicaciones de grupos de interés, esta vez ligados al sindicalismo y al Partido Comunista y los beneficios obtenidos por ellos perjudicarán abiertamente a una mayoría de los trabajadores.