Competitividad tributaria

Luis Larraín

La discusión sobre los impuestos en Chile es de una pobreza franciscana, y lo peor es que los términos del debate los pone la izquierda, la misma que al subir la carga tributaria en tres puntos del PIB durante el gobierno de Michelle Bachelet condenó a esa administración a la peor performance económica de los últimos cuarenta años en nuestro país.

El gobierno del Presidente Piñera debe sacudirse de esa discusión ramplona, que centra el debate en la recaudación tributaria sin tomar en cuenta los efectos de los impuestos sobre la actividad económica. Así la conclusión está determinada antes de empezar: para financiar al Fisco hay que subir las tasas de impuestos, o al menos no bajarlas.

Los impuestos cambian los precios relativos en una economía y afectan, por lo tanto, las decisiones de consumidores y productores, impactando el bienestar de la sociedad. La evidencia empírica es robusta y consistente en señalar que hay una correlación inversa entre impuestos y crecimiento económico, incluso si uno corrige por el impacto en el crecimiento que tendría el mayor gasto de gobierno proveniente de una mayor recaudación tributaria. La OCDE señala que el impacto en el crecimiento depende del tipo de gravamen: los impuestos corporativos son los que generan un mayor impacto negativo, seguidos por los impuestos a los ingresos personales, al consumo y a la propiedad.

La lógica de ese análisis es que hay que generar riqueza antes de consumirla, por lo que los impuestos que afectan la generación de riqueza (al capital y al trabajo) son más dañinos. Los impuestos al capital o a los accionistas reducen el incentivo a invertir y a acumular capital, generando menor contratación de empleo y, en consecuencia, menor salario. Los impuestos al trabajo reducen el incentivo a trabajar y si son progresivos reducen el retorno de la educación, la inversión y el emprendimiento.

Como Chile es una economía pequeña y abierta al mundo, con libre movilidad del capital, el sistema tributario es muy importante para la competitividad internacional. Las decisiones de dónde y cuándo invertir, y qué tipo de negocio desarrollar, dependen de los impuestos. Un país no puede aplicar altas tasas a las empresas sin afectar su desempeño económico.

El Indice de Competitividad Tributaria de la Tax Foundation sitúa a Chile como poco competitivo a nivel internacional prácticamente en todos los tributos, en la posición 32 de las 35 economías evaluadas el año 2017.

Dado que, según vimos, el impuesto corporativo es el más dañino, resulta difícil comprender la decisión del gobierno del Presidente Piñera de no incluir en su proyecto de modernización tributaria una baja en la tasa de impuesto corporativo al nivel del promedio de la OCDE, medida que estaba en su programa de gobierno. Chile, uno de los tres países más pobres de la OCDE es uno de los de mayor carga tributaria a las empresas. Más aun, la mayoría de los países de esa organización han reducido en forma importante su tasa de impuesto corporativo desde el año 2000 en adelante. Chile es el único que la ha subido.

No se entiende, entonces, cómo el gobierno del Presidente Piñera pretende cumplir su objetivo de llevar a cabo la transición de Chile al desarrollo, uno de los ejes de su programa. La mejoría de los indicadores que hemos visto estos días, como el IMACEC de 4,9 % en mayo, se explican en buena medida por una baja base de comparación a partir del paupérrimo crecimiento de la economía durante el gobierno de Bachelet. El desafío será mantener estas tasas en 2019 y los años siguientes, pero eso no se logrará sin bajar los impuestos.