Pensiones: ¿en qué topamos?

Luis Felipe Lagos

El Gobierno y la oposición buscan elevar las pensiones, aun cuando el apoyo a los retiros de ahorro previsional vaya en sentido contrario. Sin embargo, diferencias políticas-ideológicas han impedido concordar una reforma. A grandes rasgos, y a riesgo de simplificar, estás divergencias se asocian al rol de la capitalización individual y la administración de los fondos.

Si bien inicialmente el Gobierno estuvo por destinar todo el incremento de la cotización a las cuentas de capitalización individual, para avanzar en un posible acuerdo, ha accedido a dividir el 6% en partes iguales: un 3% iría a la cuenta individual y el otro 3% a un fondo colectivo, que eventualmente puede subir a 4%, como han insinuado las autoridades. Una parte del fondo colectivo podría ahorrarse y la otra ser usada inmediatamente con una lógica de reparto. La oposición, por su parte, ha planteado que el 6% debe ir integramente al fondo colectivo para ser usado solidariamente, pese a que en las encuestas una mayoría prefiere que vaya a la cuenta individual.

La oposición no ha querido reconocer que nuestro sistema de pensiones, al igual que en la mayoría de los países, es uno mixto: con un pilar solidario y uno contributivo de capitalización individual. Para ellos, un “verdadero esquema de seguridad social” debe tener solidaridad basada en el reparto de cotizaciones entre trabajadores activos y pensionados (intergeneracional), y también entre distintos tipos de trabajadores (intrageneracional). Se niegan a aceptar que el financiamiento con impuestos generales del pilar solidario, que el proyecto de reforma estipula aumentar los beneficios e incrementar su cobertura al 80%, sea también una forma de hacer solidaridad.

Destinar el 6% al fondo colectivo es también sorprendente desde el punto de vista de equidad distributiva. En efecto, en este caso la cotización adicional es un impuesto al trabajo que recae sobre los trabajadores formales: ellos serían los responsables de la solidaridad. En cambio, si se financia el aumento de pensiones con impuestos generales, como lo hace el pilar solidario, la carga recae en los ingresos del trabajo y del capital.

El segundo escollo se refiere a las administradoras de fondos. En una campaña de desprestigio inédita de las actuales AFP (no+AFP), el proyecto de reforma cede la administración del 6% adicional a una agencia estatal, sin ninguna competencia, creando de facto un monopolio estatal. Por supuesto, la regulación de las actuales AFP puede mejorarse, introduciendo nuevos participantes, fomentando mayores licitaciones de afiliados y creando una AFP estatal, para los que prefieran este tipo de administración. Pero no, se opta por crear un monopolio estatal: ¿cuál es la motivación? La agencia monopólica podría decidir gestionar directamente los recursos y eventualmente podríamos terminar con una atención deficiente, como la de muchos servicios públicos (¿queremos esto?) y bajas rentabilidades; o bien, licitar la inversión de los recursos a terceros. En ambos casos, el monopolio puede influir en la composición de las carteras, privilegiendo ciertas empresas y bonos estatales, por ejemplo. Más grave aún, el poder político podría usar estos recursos para otros destinos. Por más que nos quieran persuadir con un diseño que contemple la autonomía de la agencia, esto es imposible de asegurar; basta reparar en la discusión actual sobre la autonomía del Banco Central o la expropiación de los fondos, para concluir que el riesgo político estará presente.