Cómo nos ven: las expectativas

Luis Felipe Lagos

La actualización reciente de las proyecciones de corto plazo del FMI para América Latina indica que Chile podría crecer 5,8% en 2021 y 3,5% en 2022. El último informe de la OCDE sobre Chile proyecta un 4,2 % y 3% para 2021 y 2022, respectivamente, y el Banco Mundial 4,2% y 3,1%. En el plano local, el Banco Central -en su IPOM de diciembre- tiene una proyección centrada en 6% y 3,5% para 2021 y 2022, respectivamente. La encuesta de expectativas dice 5,2% y 3,4%.

Crecer un 6% este año es una meta factible, dada la caída que tuvo la economía en 2020 (-6%). En efecto, si se mantuviera la actividad en 2021 en el nivel de diciembre pasado, el crecimiento de la economía sería de esa magnitud. Nótese, sin embargo, que esto llevaría a un nivel de producto todavía 3% inferior al registro previo a la pandemia (febrero 2020) y, ciertamente, muy inferior al nivel que se hubiera alcanzado si la economía hubiera continuado creciendo al ritmo del tercer trimestre de 2019 (3,2% anualizado), es decir, el escenario contrafactual sin pandemia.

La velocidad de recuperación de China y EEUU, los estímulos monetarios y fiscal, y el exitoso proceso de vacunación en Chile, que posibilitará el retorno de la actividad en todos los sectores, permiten ser optimistas. No obstante, este dinamismo está condicionado a que el proceso constituyente se desarrolle exitosamente: sin violencia y acotando la incertidumbre respecto a derechos de propiedad, autonomía del Banco Central, iniciativa exclusiva de gasto, sistema político, en la nueva Constitución. Esto permitiría un mayor dinamismo de la inversión y empleo.

El informe de la OCDE sobre el país también avanza en la discusión de las reformas estructurales. En materia tributaria, propone ampliar la base del impuesto a los ingresos personales, reduciendo tanto el umbral exento de $688.891, como el umbral para la tasa máxima de 40% ($15.818.990). El objetivo sería aumentar la base del impuesto, posibilitando una mayor recaudación, y reducir la desigualdad de ingresos.

No obstante, es difícil que esta medida tenga un efecto significativo en la distribución del ingreso. La evidencia de la propia OCDE indica que 3/4 de la reducción del coeficiente de Gini (que mide el grado de desigualdad) que logran los países al pasar de los ingresos de mercado a los ingresos disponibles (esto es, después de la acción del Estado) se debe a las transferencias monetarias, solo 1/4 a la progresividad de los impuestos.

Reducir el umbral exento incentivaría la informalidad, que ya es muy alta: un 30% del empleo, en un contexto donde, además, se pretende aumentar el impuesto al trabajo (cotizaciones previsionales) en seis puntos. Por lo tanto, es preferible expandir la base tributaria recurriendo a la eliminación de algunas exenciones tributarias que reducir el umbral exento.

En Chile, la mayor parte del gasto social en salud, educación, vivienda no son transferencias monetarias. Si las incluyéramos en las mediciones de desigualdad, ésta sería menor. Sin duda, también debieran revisarse los programas sociales; en algunos casos sería conveniente aumentar las transferencias monetarias, dado el alto costo de administración de ellos. Alcanzar mejoras sustanciales en la desigualdad requiere una mayor calidad de la educación pública inicial, primaria y secundaria, lo que demanda destinar mayores recursos ahí; siendo el retorno de la intervención temprana particularmente elevado para los niños más vulnerables, como concluye el informe.

“Quitar los patines” y priorizar la gratuidad universitaria ha sido una mala política pública.