La Justicia clama por su modernización

Macarena Letelier Velasco

Conmoción causó la medida adoptada en el mercado mayorista Lo Valledor al implementar un sistema de control de identidad, lo que a todas luces se percibió como una solución desesperada ante la falta de seguridad. Como señaló el gerente de comunicaciones del recinto “la violencia delictual nos amenaza por todas partes (…)” y, en este caso, tanto a colaboradores como a clientes. Lo que vino después es de público conocimiento.

Hace algunas semanas Google vio afectado su proyecto “Cerrillos Data Center” por una resolución al menos cuestionable en su mérito del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago que anuló su resolución de calificación ambiental, a lo que seguramente seguirán otros recursos y presentaciones judiciales. Sin entrar al análisis del fondo de la decisión, debemos poner el foco en los tiempos que toma tener certeza judicial, en este caso más de cuatro años, sin considerar a la Corte Suprema.

“Reactivar la reforma procesal civil, base para una modernización y adecuación del Poder Judicial a los tiempos actuales, sería un gran primer paso”.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) informó a principios de este año un catastro de 64 proyectos judicializados por una suma de US$ 10.546 millones. Entre los sectores afectados están energía (34%); inmobiliario (17%); infraestructura (9%); minería (9%) y piscicultura (6%). ¿Qué pasará con los contratos para la explotación del litio en un mediano plazo? ¿Integrarán esa lista también?

Lo anterior es una pequeña muestra de que no importa el tamaño de la empresa. El crecimiento del país es sensible no sólo al marco regulatorio tributario, arancelario o sectorial, sino también a las políticas nacionales en prevención y resolución de conflictos. Un emprendimiento o una gran inversión pueden tener una regulación adecuada para su generación y desarrollo, sin embargo, ante dificultades o imprevistos la interpretación y aplicación de las normas será decisoria para el futuro del proyecto.

Frente a esta realidad la pregunta es si la sociedad en general, y la clase política en particular, perciben el impacto de las normas de justicia en la dignidad de las personas, el crecimiento del país, en la construcción de una democracia sólida. Recordemos que la edición del Índice Global de Estado de Derecho del World Justice Project (2022) contempló respecto de Chile tres aspectos como problemáticos: la velocidad en la tramitación de causas; la percepción sobre la independencia de los jueces frente a la influencia de privados en la judicatura civil y la percepción sobre la imparcialidad de los tribunales penales.

El sistema de justicia se ha visto cuestionado en el último tiempo y los síntomas de agonía claman por su modernización. Reactivar la tan anhelada reforma procesal civil, base para una modernización y adecuación del Poder Judicial a los tiempos actuales, sería un gran primer paso.