La economía digital necesita protección de datos personales

Danielle Zaror y Alejandro Ferreiro

La pandemia ha remecido la agenda legislativa y sus prioridades, y muchos asuntos fundamentales para la economía digital han quedado postergados. Ejemplo de lo anterior son los proyectos que modifican la ley de protección de datos personales y la que actualiza los delitos informáticos.

Chile, pionero en su momento, es hoy un país rezagado en ambas materias. Si bien hace dos años se reconoció a la protección de datos personales como un derecho fundamental, ello no es suficiente. La cobertura que entrega el recurso de protección es reducida, y las resoluciones judiciales no logran conformar una jurisprudencia consistente. Sigue pendiente el desafío de contar con un cuerpo de precedentes que genere certezas sobre la esencia y alcance de este derecho, pero difícilmente esto se logrará en ausencia de una regulación legal robusta.

El proyecto de ley de protección de datos personales reforzará la legislación nacional con principios y conceptos ya instalados en el derecho comparado, y que estarían bajo la supervisión de un remozado Consejo para la Transparencia y la Protección de Datos. Chile quedaría así en condiciones de ser considerado como un país con un “nivel adecuado de protección”.

Una buena regulación trae beneficios en el plano económico y se transforma en una condición indispensable para que la reactivación del Chile post pandemia aproveche plenamente las oportunidades que ofrece la economía digital, que ha mostrado en tiempos de confinamiento todo su inmenso potencial. Si ya en 2018 Accenture Research y Oxford Economics señalaban que más del 20% del PIB se explicaba por la economía digital, es probable que esta cifra haya dado un salto este año.

Muchos modelos de negocios asociados a innovaciones y uso de tecnologías de información —como el desarrollo de software, videojuegos, telemarketing, callcenters, administración de recursos humanos— buscan diversificar sus operaciones en distintas geografías mediante el flujo transfronterizo de datos. En ese contexto, la protección de los datos y la seguridad de las transacciones se convierten en requisitos básicos para para aprovechar oportunidades a escala global. Chile cuenta con el capital humano, pero el eslabón regulatorio en este escenario es quizás igual de gravitante.

Acabamos de firmar el Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) con Nueva Zelanda y Singapur, tratado que hace visibles las oportunidades de Chile en mercados digitales. Sin embargo, la participación de jugadores nacionales en las grandes ligas de la economía digital se dificulta en ausencia de reglas e instituciones idóneas que permitan regular y armonizar todos los intereses en juego.

En un contexto enteramente nuevo, donde el número de usuarios y consumidores de servicios digitales se ha multiplicado por miles el último año, es necesario retomar estas discusiones y clausurar ahora el debate para proveer certezas a ciudadanos y empresas. Nunca fue más urgente para la economía chilena dotarse de un entorno regulatorio que facilite y asegure el despegue de una economía digital sustentable. Hemos esperado ya demasiado tiempo, perdido oportunidades y hemos dejado de crear muchos empleos de la economía del futuro. Los necesitaremos más que nunca. Es hora de resolver.