La contención del gasto fiscal como prioridad

Mauricio Villena

La situación fiscal ha empeorado durante el bienio 2022 y 2023. Si bien el retiro de las medidas extraordinarias para enfrentar la pandemia, que se realizó vía Ley de Presupuestos de 2022, fue un gran avance, desafortunadamente la disciplina fiscal no se ha mantenido.

El balance estructural pasó de un superávit de 0,2% del PIB en 2022 a un déficit de 2,6% en 2023, y el balance efectivo transitó de un 1,1% a un -2,4% del PIB. Por otro lado, la deuda bruta pasó de 38% a 39,4% del PIB en el bienio, y ya para este año se proyecta que alcance la cifra récord de 40,7% del PIB. Con esto, los intereses de la deuda, que ya alcanzaron un 4,2% del gasto total en 2023, subirán a 4,6% el año en curso.

“Desde 2016 Chile ha sufrido dos rebajas de nota y, lamentablemente, los malos resultados fiscales auguran una nueva rebaja crediticia. Esto no es inocuo para la economía”.

En general, la deuda pública y el déficit fiscal son variables explicativas importantes del deterioro de las calificaciones soberanas por parte de las agencias Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s. Desde 2016, Chile ha sufrido dos rebajas de nota y, lamentablemente, estos malos resultados fiscales auguran una nueva rebaja crediticia. Esto no es inocuo para la economía, pudiendo acrecentar la incertidumbre en los mercados financieros y un aumento de la prima de riesgo, situación que implica que un país deba destinar más recursos para el pago del servicio de su deuda, presionando aún más al gasto fiscal.

Estas malas perspectivas no han evitado que el gasto fiscal siga subiendo: creció 7,7% acumulado al primer trimestre de 2024, en un contexto de disminución de los ingresos (-10%) para el mismo período. De aquí que, más que sólo apuntar por una gran reforma tributaria, el Gobierno debe implementar urgentemente medidas de contención del gasto fiscal. Existen ejemplos recientes de ajustes exitosos: en 2011, Hacienda realizó un ajuste por US$ 750 millones, un 1.3% del gasto, y en 2018 concretó una rebaja de US$ 1.100 millones, o un 1,5% del gasto público.

Dado el aumento del gasto público en el bienio, se debería reducirlo en alrededor de US$ 1.500 millones, un 0,42% del PIB. Como principios básicos de estas rebajas se deberían considerar: reducciones en el gasto corriente; velar por que ningún recurso comprometido a sus beneficiarios(as) se vea afectado; ni alterar el foco en gasto social, en inversiones (gasto de capital) y en las regiones.

¿Qué gastos debería incluir este plan? Rebajas por concepto de gastos en personal (trabajos extraordinarios, honorarios a suma alzada, viáticos, etcétera), gastos en bienes y servicios de consumo, y adquisición de activos no financieros (computadores, automóviles, equipamiento, etcétera), entre otros.

Estas medidas ayudarían a moderar la dinámica de crecimiento de la deuda bruta, lo que representa un primer paso para estabilizar la deuda como % del PIB en el mediano plazo, y enviaría una señal creíble a las agencias calificadoras y a la población del compromiso con la responsabilidad fiscal y el uso eficiente de los recursos públicos.