Jueces y política

JÓSÉ MIGUEL ALDUNATE

Andrés Manuel López Obrador lleva largo tiempo librando una guerra contra el Poder Judicial mexicano. Luego de que la Corte Suprema —que tiene atribuciones similares a las de nuestro Tribunal Constitucional— anulara una reforma electoral presentada por el presidente, AMLO expresó: “Yo pensaba que podíamos mejorar el Poder Judicial, pero no, está podrido”.

¿Cómo piensa AMLO solucionar el conflicto? Fácil. “Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros, sean electos de manera directa por el pueblo, y no que los designe la élite del poder económico y político de México”.

“Preocupa que en el debate sobre la Constitución se proponga permitir acusaciones constitucionales contra los jueces por resolver de manera activista”.

La tesis recuerda a la crítica de Eduardo Novoa de 1970 contra la “justicia de clase”, que acusaba al Poder Judicial chileno de actuar al servicio de la clase dominante y antagonizar los cambios sociales. En la misma línea, el programa de la Unidad Popular buscaba supeditar la Justicia al poder político, concentrado en la Asamblea Popular.

Asimismo, es lo que de otro modo ocurre en Argentina, donde los políticos buscan capturar el Consejo de la Magistratura para controlar, de este modo, al Poder Judicial.

Se trata de pulsiones que no mueren. En todos los tiempos y lugares, los críticos de la democracia liberal han buscado, por todos los medios, impedir que la justicia entorpezca el despliegue absoluto del poder del pueblo, es decir, de los políticos que dicen representar al pueblo.

Por eso llama tanto la atención que haya voces en el debate constitucional que propongan permitir acusaciones constitucionales contra los jueces por resolver de manera activista, apartándose del sentido de la ley.

¿Fallan, en algunas ocasiones, los jueces contra la ley? Sí. ¿Invaden atribuciones de otros poderes del Estado al hacerlo? Ciertamente. ¿Es problemático para la democracia que los jueces resuelvan conforme a criterios de mérito político? Sin duda. Como ejemplo, basta recordar las sentencias con efecto general de la Tercera Sala de la Corte Suprema en materia de isapres.

Pero nada de eso justifica normalizar las acusaciones constitucionales contra los jueces por el contenido de sus decisiones. Así como los jueces no cuentan con las capacidades técnicas ni la legitimidad democrática para diseñar políticas públicas, los órganos políticos no cuentan con la imparcialidad necesaria para determinar cuándo un juez ha fallado contra el derecho y cuando no. Al contrario, salvo honrosas excepciones, el político —sea parlamentario o ministro de Estado— tiende a estimar que es correcto el argumento que colabora con su agenda, e incorrecto el argumento que lo contraviene.

Ya sea por medio de la elección directa de los jueces, como propone AMLO, o de su subordinación al Legislativo, como proponía el programa de la UP, o del control político del Consejo de la Magistratura, como ocurre en Argentina, lo que se busca es impedir que los jueces invoquen el respeto a la ley y la Constitución, obstaculizando los designios del gobernante.

No sumemos la acusación constitucional a este listado.