Inversión pública y crecimiento

Marcela Ruiz-Tagle

El nulo crecimiento de la actividad en el mes de septiembre no solo obligó a ajustar a la baja las proyecciones para este año, sino también el crecimiento del gasto fiscal considerado en la Ley de Presupuesto actualmente en tramitación. Esto para no incrementar la tensión respecto al cumplimiento de las metas fiscales comprometidas, aun cuando permanecerá el problema estructural de fondo: la exigua capacidad de crecimiento del país, situación que debiera ser abordada con urgencia.

Uno de los factores críticos que explica el bajo crecimiento es el estancamiento de la formación bruta de capital fijo, cuyo dinamismo depende del sector privado. Aunque la inversión en infraestructura pública no puede revertir esta situación, sí puede incidir en mejorar las condiciones de base para facilitarla. En promedio, ésta ha oscilado en torno al 2,5% del PIB y, si bien en los últimos años se han destinado mayores recursos de modo de contrarrestar la caída de la inversión privada, su impacto es limitado al ser utilizada preferentemente como una herramienta contracíclica, dejando postergados proyectos cuyo desarrollo, por su naturaleza y escala, son de mediano y largo plazo.

La inversión pública en infraestructura debiera crecer, a lo menos, a tasas anuales de 3,5% del PIB para impulsar la expansión de la economía.

Además, esta tipología de gastos no está priorizada en el cálculo del balance estructural, razón por la cual debe competir cada año con programas sociales que no caen en la categoría de gasto permanente y que, en general, no tienen un impacto multiplicador en la actividad.

De esta forma, no es de extrañar que las brechas en infraestructura se mantengan, a pesar de que incrementos en la inversión en el sector tienen un efecto significativo en el crecimiento económico del país. Por ello resulta imperativo concordar una estrategia de desarrollo país que nos permita revertir nuestro bajo crecimiento tendencial, la cual debiera traducirse en un plan nacional de inversiones para el mediano y largo plazo. En esta estrategia se debiera identificar y priorizar una cartera de proyectos ejecutable en el corto plazo, que contribuya a este objetivo, con metas y compromisos de gastos que excedan el calendario presupuestario. Ello permitiría, por ejemplo, fortalecer la infraestructura portuaria y cadenas logísticas en la zona norte; desarrollar infraestructura de conectividad en la zona austral; o profundizar y diversificar la participación de las asociaciones público privadas en el desarrollo y mantención de infraestructura en los ámbitos educacional, científico y tecnológico.

Lo anterior requiere el compromiso de incrementar la inversión pública en infraestructura, a lo menos, a tasas anuales de 3,5% del PIB, lo que dada la inexistencia de holguras fiscales exigiría la revisión del gasto a ejecutar para cumplir con los compromisos vigentes. Esto se lograría eliminando programas mal evaluados, exigiendo la coordinación interministerial para evitar la fragmentación en la toma de decisiones por parte del MTT, MOP, Minvu y Medio Ambiente y alineando la priorización de proyectos a las metas país establecidas; así como delegando la responsabilidad de financiar proyectos locales de menor escala a los Gobiernos Regionales, evitando ineficiencias de gasto por duplicidad de roles.