La estrategia fiscal del próximo gobierno

Hermann González

¿Recuerda cuál era la estrategia fiscal del actual gobierno al momento de asumir? Quizás lo sepa, pero en caso contrario, le recuerdo que era cerrar el déficit fiscal estructural en el presupuesto del año 2018, usando para ello los recursos de la reforma tributaria aprobada en 2014. Dicho objetivo fue modificado en el camino por otro vigente hasta ahora que consiste en cerrar gradualmente el déficit estructural a razón de ¼ de punto del PIB por año. Esta será la directriz de la política fiscal hasta el presupuesto del año 2018 que se discutirá este año, pero no sabemos cuál será la estrategia fiscal más allá del próximo año, que deberá ser definida por el gobierno que gane las elecciones en noviembre o diciembre.

Cualquier compromiso de campaña que se asuma y que no parta de la definición de la estrategia fiscal para los próximos cuatro años es una irresponsabilidad que debiese tener una amplia desaprobación política y técnica.

La definición de la estrategia fiscal debiese ser el punto de partida de cualquier plan de gobierno. Sin embargo, hasta ahora nada se sabe de lo que pretenden hacer los candidatos presidenciales en esta materia. ¿Se volverá a comprometer el cierre del déficit estructural?, ¿se mantendrá el compromiso actual de reducción paulatina del déficit?, ¿o se propondrá algo completamente diferente? Esta definición es clave porque sin ella es imposible definir de forma responsable cuánto puede crecer el gasto público y qué compromisos se pueden financiar sin poner en riesgo la solvencia de las cuentas públicas.

La ausencia de una meta específica de balance estructural, como existió en los inicios de la regla en la primera parte de la década pasada, significa que no se cuenta con un ancla fiscal, a pesar de la existencia de una regla y de su correcta aplicación. Significa que el gasto fiscal crece año a año no solo en función de la dinámica de los parámetros estructurales (PIB de tendencia y precio del cobre de largo plazo), sino también en función de la definición -a veces arbitraria- de la meta de balance estructural. A su vez, esto implica que los agentes locales y los observadores externos interesados en la situación fiscal de Chile -como el Banco Central, los organismos multilaterales y las agencias clasificadoras de riesgo- no pueden prever la situación fiscal más allá del gobierno de turno. Esta situación genera una incertidumbre innecesaria y creciente en la medida que transcurre el período de gobierno, algo que precisamente se quiso minimizar con la creación de la regla fiscal el año 2001 y el objetivo del superávit estructural de 1% del PIB.

Recuperar el ancla fiscal permitirá generar los necesarios límites para las promesas de mayor gasto público y reducirá la incertidumbre para las agencias clasificadoras que amenazan con un cambio en la clasificación de riesgo soberano. Pero una estrategia fiscal de cuatro años no es suficiente. Es fundamental que el compromiso fiscal vaya más allá de un gobierno y se defina una estrategia de largo aliento, pero sin comprometer flexibilidad. La única forma que ello ocurra es mediante un acuerdo parlamentario amplio, es decir, con una ley aprobada en el Congreso que defina las directrices de una trayectoria fiscal responsable, independiente de quién esté a la cabeza del gobierno.