Chile, país de “autovalentes”

Guillermo Tagle

Luego de un largo y complejo camino que partió con un estallido social y que fue “encauzado” en un proyecto político ordenado, concluyó en el proceso de Reforma Constitucional a cargo de la Convención.

Sin embargo, desde el día en que fue formalmente inaugurada la Convención Constitucional, ha venido generando un creciente grado de incertidumbre respecto de sus posibilidades reales de lograr acuerdos y de diseñar un ordenamiento social que provoque un cambio positivo.

Hay muchos temas y posturas ideológicas en disputa, que si no logran converger en ideas concretas y de implementación práctica, y pese las buenas intenciones de muchos, corren el riesgo de generar frustración y postergación de los anhelos de progresar y vivir mejor.

Qué duda cabe de la importancia de mejorar –con este proceso- las condiciones de vida para todos los chilenos, especialmente para los más vulnerables y que no han accedido al bienestar que se generó en las décadas de crecimiento que nos llevaron al umbral del desarrollo. El dilema en discusión hoy es ¿cómo lograrlo?

Genera preocupación e incertidumbre el nivel de abstracción de ideas y el supuesto consenso que puedan generar alternativas probadamente fracasadas en tantos países que han quedado estancados, en rutas pavimentadas de buenas intenciones.

Proveer y garantizar derechos sociales excluyendo en su provisión la participación del sector privado, es una de las piedras angulares hoy en discusión. Que la salud sea igual para todos y provista sólo por entidades públicas, que todo chileno pueda acceder a una vivienda digna, pero que las viviendas sociales sean construidas por empresas estatales. Que tengamos mejores carreteras, aeropuertos y empresas de agua potable, pero que todo eso sea gestionado por el Estado y financiado por recursos públicos. Que la educación sea de alta calidad, equivalente para todos, pero sin la participación de sostenedores privados.

Estas posturas e ideas se contradicen con la masiva creación de empleos e iniciativas de emprendimiento que, con excelencia, todos los días florecen, impulsadas por millones de emprendedoras(es), en todo tipo de rubros y actividades, que a pesar de la pandemia, a pesar de las ayudas que ha provisto el Estado para aliviar las consecuencias de esta tragedia mundial, siguen soñando con lograr convertirse en ciudadanos “autovalentes”, capaces de resolver por sí mismos todas sus necesidades económicas y las de su entorno familiar.

Es posible “ilusionar” por algún tiempo a algunos ciudadanos, con la idea de que sus derechos sociales serán más y mejores, si se excluye del proceso al sector privado, que se mueve principalmente por el lucro que puede obtener de las iniciativas que emprende. Pero no será posible convencer ni lograr, para la mayoría de los ciudadanos de este país, que con soluciones estatales se pueden lograr mejores niveles de vida, que lo que se puede lograr siendo “autovalente” en la búsqueda del sustento para sí y para todos sus seres queridos. Excluir la iniciativa privada de la provisión de derechos sociales, es una utopía importante de transparentar.

Es un deber de cada constituyente evitar que todo este proceso termine diseñando un modelo de sociedad fraccionado y que en poco tiempo haya eliminado completamente la desigualdad, con un país intrínsecamente “pobre”, donde los nuevos privilegiados sólo serán quienes gestiones la implementación de programas sociales públicos y eventualmente mal diseñados. Chile no merece retroceder.