IPC: margen nulo para desaciertos

Enrique Marshall

Las estadísticas económicas suelen ser objeto de revisiones con posterioridad a su divulgación inicial. Ocurre, por ejemplo, con el PIB. Estas correcciones se materializan incluso después de varios trimestres y permiten enmendar errores u omisiones surgidas durante su elaboración.

Esta práctica, ampliamente aceptada, busca proveer una respuesta razonable al dilema entre oportunidad y confiabilidad o validez, que se produce en el campo de las estadísticas económicas. Sin embargo, el caso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reviste características especiales que deben tenerse presente. Menciono tres.

Primero, el Banco Central conduce la política monetaria en función de una meta de inflación, lo que plantea una alta exigencia de prontitud y precisión en la medición del IPC.

Segundo, la inflación es una variable que los mercados y la ciudadanía siguen con mucha atención y que contribuye a la formación de expectativas económicas y ciudadanas. Ello refuerza las exigencias antes comentadas.

Y tercero, la variación del IPC entra en el cálculo de la UF, que es una unidad ampliamente utilizada en el mercado financiero, pero también en otros ámbitos de actividad. Cualquiera error en la medición de la inflación tiene efectos no anticipados sobre los ingresos y patrimonios de quienes han suscrito contratos en UF. Por ello, las revisiones no pueden estar contempladas.

Sin duda, la elaboración del IPC se ha tornado una tarea crecientemente compleja. La canasta de consumo se ha ampliado significativamente y está permanentemente afectada por la innovación, el progreso técnico y prácticas de mercado, como las liquidaciones, que introducen cambios bruscos, aunque transitorios, en los precios de mercado. Sin embargo, nada de ello puede justificar deficiencias en la medición de este indicador.

Por el contrario, su elaboración debe efectuarse aplicando los más altos estándares técnicos conocidos. Y junto con ello, estar sometido a mecanismos de control interno rigurosos que permitan asegurar la integridad de los procesos que deben ser ejecutados. La experiencia internacional puede aportar mucho en esa línea.

Los mercados y la ciudadanía esperan que la elaboración del IPC concluya siempre sin incidentes y que las cifras divulgadas queden a “firme”. La simple insinuación de posibles manipulaciones contraviene estos principios. Podríamos hacer un símil con la liquidación de una cámara de compensación de cheques o valores que se tiene a firme una vez cerrada. Los anglófonos usan el término “finality”, muy atingente, para referirse a ello.

Por cierto, la metodología para el cálculo del IPC debe ser revisada permanentemente, pero ello debe hacerse siempre mirando hacia delante y no con el espejo retrovisor. En esa perspectiva, el anuncio de un proyecto de fortalecimiento institucional del INE, en la línea sugerida por la Comisión Claro, es muy bienvenido.