En un mes el tema previsional ha copado la agenda pública desplazando incluso al debate educacional. Quienes rechazan el actual sistema critican el bajo monto de las pensiones generadas y culpan de ello a las AFP, a las que además acusan de cobros excesivos, de lucrar con sus fondos y de favorecer a la banca y las grandes empresas.
Este juicio negativo no se basa en un análisis objetivo del sistema y de la información disponible, sino más bien de una respuesta emocional a un hecho evidente: las pensiones que en promedio reciben los chilenos son bajas. Por ello, resulta muy difícil contrarrestar estas creencias basadas en sentimientos, valores y emociones con argumentos técnicos, se trata de planos diferentes.
Así, para los críticos resulta más fácil y atractivo focalizar las culpas en las Administradoras que reconocer que el problema está fundamentalmente en el mercado del trabajo y en la propia conducta de los afiliados.
En un sistema de capitalización individual las pensiones dependen fundamentalmente de los aportes realizados y la rentabilidad obtenida. Los aportes, a su vez, dependen de la vida laboral de cada trabajador, es decir, el monto y evolución de sus ingresos, los años de cotización y si efectivamente cotizó por todos los ingresos percibidos.
Los estudios muestran que más del 50% de quienes se pensionaron durante el 2015 cotizó menos de 15 años y solo el 16% cotizó por 30 o más años. A esto se suma que muchos trabajadores subcotizan, ya sea con la complicidad de su empleador o por que trabajan por cuenta propia y prefieren privilegiar el consumo presente por sobre el ahorro para su vejez. Adicionalmente, los trabajadores no se involucran en la administración de sus cuentas, de hecho alrededor de un 43% declara no saber cuál es el saldo en su cuenta, el 64% cree que esos recursos no les pertenecen y solo el 11% declara conocer la comisión que paga.
En cuanto a la rentabilidad, el resultado de las AFP ha sido más que satisfactorio, logrando sobre el 8% real anual desde el inicio del sistema y sobre el 5% en los últimos 15 años. Si a todo lo anterior le agregamos que de acuerdo al INE el sueldo mensual promedio en el país es de $500 mil y que el 50% de los trabajadores gana menos de $340 mil mensuales, no resulta sorprendente que la pensión promedio sea de $200 mil mensuales.
En este contexto, la idea de volver a un sistema de reparto resulta atractiva, sin embargo su implementación es inviable ya que significaría que el Estado tendría que aportar al menos US$15 mil millones por año y de forma creciente para compensar el hecho que el porcentaje de jubilados será cada vez mayor. El peso de esta evidencia llevó a la Presidenta, en un gesto de responsabilidad política, a declarar que “nunca vamos a poder volver a un sistema de reparto”.
Por lo tanto, el verdadero desafío es fomentar el crecimiento para crear más y mejores empleos, asegurar que toda persona que trabaje cotice por el total de sus ingresos, aumentar la tasa de cotización, incrementar la edad de jubilación a medida que se eleva la expectativa de vida, involucrar más a los cotizantes y fortalecer el pilar solidario.