En seguridad social, postergar las reformas tiene un costo

Eduardo Bitran

La economía política de reformas importantes en el ámbito de la seguridad social ha sido un obstáculo para avanzar, con elevados costos para vastos sectores de la población, generando en algunos casos riesgos de procesos de transición caóticos y deterioro aún mayor de las confianzas en el Estado y la política.

En el ámbito de pensiones, en 1993 se envió al Congreso una reforma al sistema de comercialización de rentas vitalicias, luego de que estudios demostraran que el costo de intermediación era exorbitante y que había escasa competencia en la oferta de rentas vitalicias. Se propuso un sistema de licitación de rentas vitalicias, que eliminaba la intermediación y hacía transparente el precio, generando mayor competencia y un aumento significativo de las pensiones.

“Si se atrasan reformas importantes, se da pie para que los problemas se aborden vía judicialización, con un mayor costo para todos”.

¿Qué ocurrió? Se rechazó la reforma en la Comisión de Hacienda del Senado y primó el interés de las compañías de seguros de vida. Se tardó casi ocho años en poder revertir este bloqueo y aprobar la reforma, afectando las pensiones de varias cohortes de jubilados.

Un tema contingente en que se han bloqueado por décadas reformas urgentes son los “seguros de salud” que supuestamente ofrecen las Isapres y que puede terminar afectando seriamente a todo el sistema de salud.

En 2005 se aprobó en el Congreso el plan GES (Garantía Explícita de Salud), tanto para Fonasa como para las Isapres. En la discusión fue imposible avanzar en la creación de un fondo de compensación de riesgos intersistema, que contemplara compensaciones por riesgo entre Fonasa e Isapres. Esto hubiera permitido eliminar las preexistencias y reducir la discriminación etaria y por género, así como la selección adversa que implicaban las políticas de precios que terminaban expulsando hacia Fonasa a los sectores de mayores riesgos y menores ingresos.

En la práctica, para un porcentaje significativo de la clase media las Isapres no eran un seguro de salud, ya que, al llegar la etapa de la vida de mayor riesgo de contraer enfermedades, tenían que migrar a Fonasa, después de haber cotizado por décadas. Nuevamente, los intereses de corto plazo de los incumbentes primaron, logrando bloquear reformas que incluso tenían sentido desde la perspectiva de los intereses de largo plazo de la industria.

Cuando el Gobierno y el Parlamento son incapaces de realizar reformas urgentes e imprescindibles para el bienestar de la población, se da pie para que los problemas se aborden a través de su judicialización, generando costos que tornan más difícil la transición a un sistema que cumpla su misión pública. O peor aún, se abre la puerta a un parlamentarismo populista, como ha ocurrido con los retiros de los fondos de pensiones, haciendo cada vez más difícil transitar a un sistema que mejore las pensiones de los jubilados actuales y futuros.

Es de esperar que los altos costos pagados por toda la sociedad por la postergación de reformas fundamentales en el pasado reciente sirvan de lección para inyectar un sentido de urgencia y responsabilidad en nuestros políticos. Y que la propuesta de nueva Constitución priorice la reforma del sistema político para otorgarle más gobernabilidad al país.