El litio y un Estado extractivista

Luis Larraín

La izquierda trasnochada tiene un perjuicio contra lo que llaman economía “extractivista”. Hay explotaciones que se basan en recursos naturales, pero son renovables (el cultivo de salmones, los bosques con manejo forestal, las plantaciones de frutas e incluso la pesca sujeta a cuotas) y aquellas que pueden producir agotamiento del recurso, que sería el caso de algunos minerales o hidrocarburos. Aunque lo último es relativo, porque podría ocurrir que actividades de exploración logren transformarlos en “renovables” al descubrir nuevos yacimientos, configurando distritos con probadas reservas. Así, el valor presente de los recursos extraídos pasa a ser lo determinante.

“Si el objetivo es que el país tenga más recursos no hay donde perderse: SQM y Albemarle, arrendatarios en el Salar de Atacama, entregaron al Estado el 60% del valor del litio que vendieron en 2022. Es decir, US$ 5.000 millones, mucho más que Codelco”.

El oro, el platino, la plata tienen valor intrínseco por su belleza, según cánones que han perdurado por siglos. Otro factor que puede dar valor a un metal es su durabilidad, conductividad u otras propiedades. En el caso de aquellos que son insumos para un proceso productivo (litio para fabricar baterías de vehículos eléctricos) su valor es altamente dependiente de su sustitubilidad.

Si las baterías de sodio pasan a ser más eficientes por su asequibilidad o seguridad, el litio perdería rápidamente su valor. Algo de esto ya está sucediendo (el carbonato de litio ha visto caer su precio en un 60% en un año, en lo cual también incide la rebaja de subsidios chinos a los autos eléctricos). Producir más litio ahora es urgente.

No se trata, entonces, de darles un manotazo a los recursos, como creen aquellos que, como decía mi padre, “no le han trabajado un peso a nadie”. Es más complejo: se trata de acumulación de conocimientos, de habilidades comerciales y estratégicas, donde el timing es fundamental.

Ha generado dudas, por ende, la política anunciada por el presidente Boric (a quien le desapareció el prejuicio contra el “extractivismo”). El objetivo parece ser que el Estado controle todo. Codelco lleva siete años a cargo del salar de Maricunga sin ningún resultado. Enami simplemente no califica por tamaño y gestión. Codelco disminuyó sus utilidades un 75% en 2022 y el primer trimestre de 2023 vuelve a caer 70%. En 2022 produjo 1,5 millones de toneladas, la cifra más baja en 20 años. Tiene ya bastantes problemas.

SQM, en cambio, aportó al Fisco 5.000 millones de dólares el año pasado, superando con creces a Codelco. Si el objetivo es que el país cuente con más recursos no hay donde perderse: SQM y Albemarle, arrendatarios en el Salar de Atacama, entregaron al Estado el 60% del valor del litio que vendieron en 2022. Ellos y otros actores de la industria del litio podrían producir rápidamente más mineral antes de que pierda su valor.

Sebastián Claro plantea una pregunta básica: ¿Puede irle bien a una empresa en que el accionista mayoritario no sabe del negocio? La empresa francesa Eramet opera en 14 países, donde se asocia con los gobiernos y en ninguno le piden ser minoritaria. Sería demasiado ineficiente cambiar de interlocutor cada cuatro años, señalan. The Economist y Financial Times han criticado duramente la estrategia. En Australia, mayor productor del mundo luego de triplicar su producción en poco tiempo, no hay empresa estatal y no se enredan con los complejos chilenos: venden litio en bruto y lo hacen rápido.

Un manotazo del Estado para arrebatar el litio a las empresas que lo producen terminaría con el oro blanco esparcido en el suelo y riqueza dilapidada para Chile. Con la nueva política, el país escasamente alcanzaría a un tercio de los recursos que recibe hoy. Esa es la síntesis de la nueva estrategia de Boric para el litio.