VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteDesalación para consumo humano: desafíos de una concesión pionera
JOSÉ DOMINGO VILLANUEVA Socio Dentons Chile, Medio Ambiente y Recursos Naturales. IGNACIO VARGAS ROCO Socio Dentons Chile, Proyectos, Construcción y Resolución de Conflictos
Una planta desalinizadora tarda más de una década en comenzar a operar, de acuerdo con la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, de lo cual resulta preocupante que la necesidad urgente de los habitantes del país por contar con seguridad hídrica deba esperar tanto. Sin embargo, 2024 concluyó con un importante hito de fomento para el desarrollo de plantas desaladoras, lo que podría cambiar el rumbo de las cosas, si los desafíos relacionados con su ejecución se abordan correctamente.
La Dirección General de Concesiones (DGC) del MOP publicó en el Diario Oficial el llamado a licitación pública del proyecto de concesión de una planta desaladora para la Región de Coquimbo. Con esta iniciativa se busca abastecer de agua potable para consumo humano a aproximadamente 400.000 habitantes de las comunas Coquimbo y La Serena, en una primera etapa.
“Por primera vez, un proyecto de esta naturaleza será ejecutado bajo el Sistema de Concesiones de Obras Públicas, lo que supone multiples retos para la DGC, el futuro concesionario y la industria, en general”.
Por primera vez, una obra de esta naturaleza será ejecutada bajo la tutela del Sistema de Concesiones de Obras Públicas, que ha permitido un mayor desarrollo en infraestructura en comparación con otros países de la región. Esta novedad supone multiples desafíos, tanto para la DGC, como para el futuro concesionario y la industria, en general, la que ha mostrado un alto interés por participar en este proceso.
El principal reto guarda relación con las condiciones de coordinación estatal que tendrá que realizar la DGC con las entidades ambientales reguladoras y fiscalizadoras, con el fin de agilizar la tramitación de la temida permisología; así como también, gestionar adecuadamente las modificaciones del diseño del proyecto en su respectiva ingeniería.
Otro desafío se relaciona con los tiempos y forma en que se comuniquen las características e impactos de la obra a la sociedad civil. Este proyecto, en particular, supone cumplir adecuadamente con el anhelo de los ciudadanos de la zona respecto de contar con una gestión hídrica más sostenida y estable, por lo que debiese ser un impulso renovador para el sector y su percepción ciudadana, y con ello obtener la necesaria “licencia social para operar”.
Sin embargo, han existido casos que demuestran lo contrario: iniciativas que pese a satisfacer necesidades urgentes de la sociedad se judicializan y atrasan su entrada en operación, en desmedro de los sujetos de dichas necesidades.
Por ello, es esencial que, por un lado, el proyecto cumpla estrictamente con los estándares ambientales en su diseño y logre obtener un amplio apoyo de las comunidades que pudiesen verse afectadas; y que, por otro, exista una proporcionalidad en las exigencias de la autoridad en virtud de los beneficios sociales que conlleva (lo que en ningún caso supone reducir los estándares existentes).
Aunque suene trivial, un tercer desafío es que se gestione este tipo de obras con la especialidad adecuada, puesto que, a la fecha, existen pocas experiencias públicas en la industria de la desalación (la cual ha sido desarrollada principalmente a través de iniciativas privadas ligadas a la industria minera).
Este proyecto representa una oportunidad única para comenzar a consolidar la experiencia del Estado en esta clase de obras y ser un referente para el futuro. En este marco, para que la fórmula impulsada por la DGC sea exitosa es fundamental abordar correctamente los desafíos descritos, ya que “no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión”.
