Desafíos pendientes en regulación sanitaria

Eduardo Bitran

La Ley General de Servicios Sanitarios fue reformada hace 28 años con el objetivo de facilitar la incorporación de capital privado para acometer el tratamiento de aguas servidas y mejorar los mecanismos que faciliten la regulación tarifaria y de calidad de un servicio que es un monopolio natural, con elevada asimetría de información entre el regulador y las empresas reguladas.

La política pública fue efectiva en la incorporación de capital privado. En menos de 15 años Chile logró coberturas de tratamiento de aguas servidas cercanas al 100%, superando el desempeño de la mayoría de los países de la OCDE, con pleno ajuste de tarifas y subsidio focalizado en los más vulnerables.

“El sistema de fijación tarifaria es complejo y con dificultades del regulador para inducir inversiones que permitan, por ejemplo, reducir las pérdidas de agua”.

No obstante, el sistema de fijación tarifaria tal como se ha implementado es complejo y con dificultades del regulador para inducir inversiones que permitan, por ejemplo, reducir las pérdidas de agua, que superan el 30%, en un contexto de escasez hídrica. Las extremas asimetrías de información ponen al regulador en clara desventaja en la definición de una empresa modelo eficiente, con gran detalle técnico e ingenieril que no dispone.

El modelo de empresa eficiente presenta deficiencias en su implementación. Crearla cada 5 años desde cero lleva a considerar la inversión en activos antiguos que no requieren ser renovados o inversiones que se realizaron hace décadas y valorarlas a precio de reemplazo. Esto implica reconocer en las tarifas la plusvalía de terrenos sin costo de oportunidad efectivo, lo que generaría rentas injustificadas, dado que se financiaría con mayores tarifas cada cinco años el costo de romper y reponer el pavimento para hundir las cañerías, lo que es absurdo. Se justifica cubrir el costo de renovación de cañerías, pero la tasa de reposición es muy baja, lo que explica elevadas pérdidas y no justifica que hasta el 10% de la tarifa esté constituido por el hipotético costo de rotura de pavimentos, que no ocurre en la realidad.

También hay nuevos desafíos que es necesario enfrentar. La regulación del sector sanitario y la gestión del sector hídrico no consideran adecuadamente el cambio climático, con escenarios y riesgos de escasez hídrica extrema, con sobre explotación de fuentes subterráneas, variaciones extremas de disponibilidad de fuentes superficiales y de evacuación contaminada de aguas lluvia.

Los proyectos de desalinización intensivos en inversión, con recuperación de esta a largo plazo y con sistemas de incremento tarifario gradual no están siendo abordado por los operadores, justificadamente, por la incertidumbre tarifaria y riesgo político. Esta situación se agrava en los contratos de operación a 30 años, en los que resta menos de una década para su término. No obstante, pretender satisfacer el 100% de la demanda de agua potable urbana con desalinización implicaría aumentos tarifarios y/o subsidios que el Fisco no está en condiciones de enfrentar. El desafío es mejorar los mecanismos de regulación tarifaria y realizar una gestión integrada de cuencas en que se privilegie efectivamente el consumo humano y la desalinización sea más bien una solución parcial y un seguro frente a emergencias climáticas.