¿Controlar la inversión extranjera?

La compra de CGE por la mega-estatal State Grid, el enredado proceso de licitación de pasaportes y carnés, y la licitación del 5G tuvieron un denominador común: China. Algo similar ha ocurrido en Colombia en el sector de telecomunicaciones, Argentina con su creciente dependencia financiera de Beijing, o Perú con la inversión en el puerto de Chancay.

¿Qué están haciendo los países latinoamericanos y, en particular, Chile frente a este ascenso chino? Poco y nada. No por un asunto de dejación, sino por la complejidad de cómo plantearse frente a la segunda economía mundial, principal socio comercial de la región y creciente inversionista extranjero (y financista en algunos países).

“Chile no puede discriminar la inversión extranjera con nombre y apellido. Pero sí puede tomar conciencia de que cierta inversión foránea en sectores estratégicos requiere un examen adicional al mero cumplimento de las leyes generales y sectoriales”.

El caso para nuestro país reviste complejidades adicionales, por nuestra historia comercial caracterizada en ser abierta al mundo y no discriminatoria. A diferencia de otras economías de América Latina, el proteccionismo no tiene cabida en Chile y su reputación lo ha llevado a ser el país predilecto para amplios acuerdos comerciales con economías desarrolladas y emergentes.

Pero los tiempos han venido cambiando y la era de la liberalización económica global (década de los 80 a 2008) ha encontrado nuevas tensiones geopolíticas y un enfrentamiento en todos los planos entre Estados Unidos y China. La guerra comercial, la pandemia, la invasión de Rusia y la siempre latente amenaza de Taiwán han demostrado que la “seguridad nacional” está tomando mayor relevancia en los negocios globales. Ya no sólo se habla de “liberalizar” el comercio, sino de “seguridad” en las cadenas de suministro, “protección” de las tecnologías más avanzadas e “inversión” en capacidades de la propia industria, con el riesgo de impulsar una guerra de subsidios.

Esta discusión es fundamental para una América Latina que tiene una parte importante de los minerales críticos y fuentes de energías renovables para la transición energética, todos sinónimos de poder global para quien asegura su acceso. La Estrategia Nacional del Litio, por ejemplo, parece desincentivar la diversidad de actores internacionales, al ser el Estado el socio controlador de todo nuevo proyecto, condición que para economías capitalistas abre un signo de pregunta importante, no así para economías de corte capitalista estatal como la china.

¿Qué hacer frente a este escenario? Chile no puede pretender respuesta a todas las preguntas ni menos discriminar la inversión extranjera con nombre y apellido. Pero sí puede tomar conciencia de que cierta inversión extranjera en sectores estratégicos requiere un examen adicional al mero cumplimento de las leyes generales y sectoriales, por cuanto puede verse comprometida la seguridad nacional.

Así lo han hecho, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países como España, Australia y Nueva Zelanda, introduciendo mecanismos de screening o revisión exante para determinadas inversiones en sectores estratégicos como el minero, energía o telecomunicaciones. Dichos mecanismos deben ser diseñados bajo criterios estrictos, restrictivos, transparentes y predecibles para la inversión extranjera, que reduzcan cualquier riesgo de control político de las inversiones.

Hacerse cargo de este tema no es fácil, menos en las condiciones políticas actuales y con una deprimida economía. Pero bien vale la pena comenzar una discusión de alto nivel respecto de aquellas áreas donde nuestra economía puede ser vulnerable frente a cierta inversión extranjera.