Conexiones peligrosas

Diego Del Barrio

La literatura especializada señala que uno de los principales desafíos en mercados regulados surge cuando una empresa participa tanto en segmentos regulados, como en competitivos. Esto es común en sectores como los servicios públicos, donde empresas que manejan recursos esenciales, como las sanitarias, las de electricidad y de gas, tienen filiales que compiten en licitaciones organizadas por la matriz. Aunque legal, esta convivencia presenta importantes desafíos.

El problema radica en dos elementos: primero, la dificultad de separar los costos entre las actividades reguladas y las competitivas, lo que puede llevar a que los costos asociados a la operación regulada subsidien las actividades de la filial en el mercado competitivo. Segundo, la integración vertical permite a la empresa regulada controlar distintas fases del proceso, lo que aumenta el riesgo de que manipule los precios en mercados donde actúa simultáneamente como oferente y demandante. Esto genera distorsiones en el mercado, afectando la competencia y dificultando el monitoreo por parte de los reguladores, ya que las interacciones entre los segmentos regulados y competitivos se vuelven opacas.

“La adjudicación de contratos a filiales plantea dudas sobre la equidad y transparencia en los procesos de licitación y ejecución de servicios”.

La adjudicación de contratos a filiales plantea dudas sobre la equidad y transparencia en los procesos de licitación y ejecución de servicios. Aunque las filiales pueden entender mejor a la empresa matriz, existe un riesgo real de que se les favorezca, afectando la competencia, elevando costos o reduciéndolos artificialmente para beneficiar a su filial en detrimento de competidores.

La transparencia es también un factor crítico. Las conexiones entre matriz y filiales pueden complicar la labor de los reguladores para asegurar precios de transferencia justos y condiciones competitivas.

La reciente Ley de Delitos Económicos (Ley N° 21.595) añade otro desafío para las empresas, ampliando el catálogo de delitos económicos y estableciendo un régimen estricto de responsabilidad penal para personas jurídicas. En licitaciones públicas, las empresas deben ser rigurosas en sus prácticas para evitar implicancias penales por prácticas anticompetitivas. Esto reafirma la necesidad de prevenir conflictos de interés y asegurar la integridad en los procesos de contratación.

Para mitigar estos riesgos, es fundamental fortalecer políticas de transparencia y controles internos. Las filiales deben competir en licitaciones abiertas y transparentes, cumplir con los servicios conforme a las bases de licitación, y someterse a auditorías independientes del proceso y de la ejecución de los servicios. Los reguladores deben estar equipados para supervisar estas interacciones y prevenir prácticas anticompetitivas.

Por cierto, la integración vertical puede ofrecer eficiencias, pero es crucial equilibrar estos beneficios con un escrutinio riguroso para prevenir conflictos de interés y garantizar que el mercado funcione adecuadamente. La integridad en la contratación y la transparencia son esenciales no solo para proteger el mercado y los consumidores, sino también para mantener la confianza en el sector regulado.