¿Cómo inyectamos solidaridad a las pensiones?

Mauricio Villena

La propuesta de reforma de pensiones del Gobierno puede caracterizarse como un sistema mixto, con aportes del trabajador, empleador y el Estado. La principal reforma estructural es el cambio en rol de las AFP, donde se separaría la administración de cuentas de los fondos.

La primera duda es la forma en que se busca incorporar solidaridad. Se propone un sistema con ahorro individual (cotización de 10,5% del trabajador) y ahorro colectivo (cotización de 6% del empleador) con cuenta personal nocional. La solidaridad vendría en este último: 70% se destinaría a una cuenta nocional personal (solidaridad intergeneracional) y 30% a un componente redistributivo de solidaridad entre cotizantes (solidaridad intrageneracional), que también se manejaría a través de una cuenta nocional personal, a beneficio de personas con menores ingresos.

“Inyectar solidaridad al sistema de pensiones contribuiría a mejorar la distribución del ingreso en la tercera edad, pero hacerlo a través de los aportes de los cotizantes no es apropiado”.

¿Es esta es la mejor vía para incorporar solidaridad al sistema de pensiones chileno? La teoría y evidencia económica señalan que no es recomendable hacerlo con las cotizaciones de actuales afiliados al sistema, pues en la práctica ello equivale a un impuesto al trabajo formal. Esta política contradice lo sugerido por la OCDE, que este año recomendó explícitamente a Chile que las reformas de las prestaciones sociales tengan en cuenta el efecto en los incentivos para la creación de empleo formal.

La solidaridad intergeneracional operaría con una cuenta de ahorro personal nocional (70% del 6%), un registro contable de los aportes, donde los beneficios se definirían según el saldo total (aportes + rentabilidad imputada), no solo por los años cotizados. Este impuesto al trabajo tendría una progresividad más bien acotada, pues cuenta con una tasa fija y un tope imponible, y generaría incentivos a la informalidad laboral, potenciados con la mayor tasa de cotización. En tanto, la solidaridad intrageneracional vendría del ahorro colectivo (30% del 6%), la cual al realizarse a través de una cuenta nocional -básicamente un registro contable sin respaldo de patrimonio ni heredables-, implicaría bajos incentivos a cotizar para la población de menores ingresos.

Inyectar solidaridad al sistema de pensiones contribuiría a mejorar la distribución del ingreso en la tercera edad y, a su vez, la legitimidad social del sistema. Pero hacerlo a través de los aportes de los cotizantes no es apropiado, no sólo por su impacto en el mercado laboral y los incentivos que genera, sino también porque no parece justo que se les obligue a asumir los costos en su pensión futura, sobre todo tras el daño que generaron la pandemia y los retiros.

Lo más apropiado técnicamente sería que la PGU, financiada por impuestos generales, fomente la solidaridad intergeneracional y garantice una pensión mínima, en la práctica una opción más progresiva y que no constituye un impuesto al trabajo formal.

En tanto, la solidaridad intrageneracional se alcanzaría de mejor manera sacándola del sistema de ahorro colectivo nocional y llevándola a la cuenta de capitalización individual, que sí implicaría patrimonio y heredabilidad, y generaría incentivos reales al trabajo formal (a cotizar) para los sectores de menores ingresos, pues en la práctica recibirían más que lo que aporten.