Combate a la pobreza y ley Pro Inversiones

Jorge Rodríguez Grossi

El rápido crecimiento económico promedio conseguido desde el retorno a la democracia ha permitido a Chile disminuir la pobreza dramáticamente. Pero todavía no ganamos esa guerra. Alrededor de 14% de nuestra población sigue bajo la línea de pobreza. Y muchos más viven con el riesgo de retroceder en ingresos si no consolidamos una economía social de mercado sana y fuerte perdurable en el largo plazo.

Por ello es vital vigilar las regulaciones existentes o las que faltan para que nuestra economía funcione eficientemente. Adaptándolas podemos potenciar un crecimiento sustentable más alto y combatir mejor la pobreza.

Eso pretende el proyecto de ley Pro Inversión. En lo medular apunta a corregir defectos no deseados en regulaciones, abreviar trámites vía ventanillas únicas, modernizar trámites por medios digitales y firma electrónica avanzada, y dar más garantía jurídica a autorizaciones claves para invertir. Se trata de reformas que están por encima de prejuicios ideológicos o partisanos e incorpora propuestas ya presentadas al Congreso por los dos gobiernos anteriores, que por diversas razones no se han procesado legislativamente.

Adicionalmente, se decreta la conformación de una instancia en el Ministerio de Economía coordinadora de distintos ministerios y oficinas públicas en los procesos de evaluación de impacto ambiental, especialmente en proyectos de inversión grandes y complejos, para comprimir los tiempos para la aceptación o rechazo de los mismos. Esto se estaba llevando a cabo en el gobierno anterior desde septiembre de 2015 de modo que esta formalización consagra su valor y lo transparenta.

Destacan entre las iniciativas de ley cambios propuestos en el área medioambiental. Uno principal mandata al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a ser estricto en la fundamentación de la calificación entregada por los servicios involucrados respecto de los proyectos, así como a restringir las opiniones de estas entidades a campos de su ámbito. Ello asegura seriedad técnica y garantiza opiniones formuladas por actores especializados.

También da certeza jurídica a las respuestas del SEA a consultas sobre la pertinencia de someter o no proyectos o modificaciones de proyectos al Sistema de Evaluación (SEIA). Actualmente esas respuestas no son vinculantes, o sea legalmente inseguras. Igualmente refuerza el rol de ventanilla única del SEIA que, aunque legal, no opera porque algunos servicios sobre imponen exigencias a los proyectos. Ello demora la tramitación y puesta en marcha de las inversiones.

Respecto de precisiones en el proceso de construcción, conocida ya la ingeniería de detalle, se propone agilizar trámites para aprobación o rechazo de obras de construcción, medición y ubicación de bocatomas respetando obviamente los derechos de terceros.

En otros campos se potencia la digitalización para trámites ante las Direcciones de Obras Municipales, lo que agilizaría muchísimo la tramitación de inversiones vinculadas al sector Vivienda y Urbanismo. Se permite también la entrega de patente provisoria municipal por dos años a comercios a los que solo les falta la aprobación sanitaria, poniendo también plazo a esta última para su entrega o rechazo.

Otras medidas de distinto nivel de impacto vienen propuestas en este proyecto y lo más relevante es que van en una dirección que facilita las inversiones manteniendo el pleno respeto a las normas vigentes.

Ojalá reciban un amplio respaldo en el Parlamento porque así estaremos avanzando en la aceleración del crecimiento y en la reducción de la pobreza.