Renta mínima garantizada: un mal camino

Cecilia Cifuentes

Hace algunos días, el presidente de la CPC, Juan Sutil, se pronunció a favor de establecer un ingreso mínimo garantizado, en una forma similar a un impuesto negativo al ingreso, y financiado con la eliminación de cientos de programas sociales ineficientes y de exenciones tributarias. Planteada en esa línea, la propuesta hace sentido, sin embargo, algunos de los que recogieron el guante hicieron propuestas que no se parecen para nada a la idea enunciada, sino que van en la línea de una renta universal garantizada, no vinculada a los ingresos ni a la formalidad, ni tampoco como reemplazo de programas ineficientes.

A pesar de que el título es bastante parecido, los impactos y el costo fiscal son muy diferentes, por lo que no parece fácil avanzar en acuerdos sobre esta materia.

¿Pero es la política de ingreso garantizado, en sus variadas formas, un buen camino para resolver problemas sociales? Definitivamente, no. Lo mejor es lograr que las políticas de educación, capacitación, salud e infraestructura de bienes públicos sean lo suficientemente efectivas para que todas las personas puedan ser capaces de proveerse buena calidad de vida por ellas mismas, a través de su talento y esfuerzo, y no producto de la dependencia del Estado.

Como parece que este objetivo no se está logrando, ha ido ganando creciente apoyo la idea del asistencialismo estatal “de la cuna a la tumba” a través de derechos sociales garantizados, con todos los problemas que eso genera. Es muy lamentable que, en vez de corregir los problemas en las políticas públicas clave, parchemos ese fracaso a través de transferencias directas, aun cuando parezcan más efectivas que una oferta programática que deja mucho que desear.

Algunos plantean que producto del acelerado proceso de automatización y el desplazamiento que provoca en los trabajadores con menor capital humano, se requiere el apoyo del Estado a esos grupos. Ambos puntos son efectivos, sin embargo, el cambio tecnológico tampoco parece un buen argumento para que una parte de la población tenga que vivir en forma permanente de lo que genera el resto, porque esto daña inevitablemente el proceso de desarrollo. Esto, tanto por los incentivos a no trabajar que generan las ayudas, como también por la elevada carga tributaria que es necesario imponer sobre los que siguen produciendo (el mejor ejemplo lo tenemos muy cerca, al otro lado de la cordillera).

La forma correcta de solucionar el problema no es por medio de garantizarles los ingresos que están perdiendo, sino a través de insertar a esos trabajadores en el proceso productivo. Esto no sólo por el desperdicio de talento y por el costo que impone a aquellos que siguen participando en el proceso productivo, sino también por un tema de dignidad humana: “Te ganarás el pan con el sudor de tu frente”. El trabajo no sólo es una fuente de ingresos, sino principalmente de autovaloración, crecimiento personal y modelo a seguir para los hijos. Más que garantizar ingresos, el rol del Estado debe ser garantizar el derecho a un trabajo dignamente remunerado, y para eso la educación y la capacitación son esenciales.

Entonces, retomando la idea del presidente de la CPC, eliminemos programas ineficientes y exenciones tributarias que no se justifican, pero no usemos esos recursos para complementar ingresos de las personas, sino para mejorar la calidad de la educación y la capacitación. Mejoremos los servicios de salud, el transporte público y la calidad de vida en los barrios marginales, y estaremos “enseñando a pescar en vez de dar pescado”.