La culpa es de las instituciones

Cecilia Cifuentes

La ciencia económica señala cuatro factores como los determinantes principales del crecimiento de los países: el capital físico, que depende de la inversión; el capital humano, función de la educación y capacitación; el desarrollo tecnológico; y los factores institucionales, o dicho de otra forma, las reglas del juego, que son el elemento clave para el progreso de acuerdo con las teorías modernas de desarrollo.

En una prueba reciente pregunté a un grupo de mis alumnos en cuál de estos factores consideraban que Chile tenía la mayor deuda pendiente. La mayoría nombró el capital humano, y tienen razón, tenemos un déficit muy importante en esta materia; hemos avanzado en años de escolaridad, pero la calidad está estancada, por lo que la mejoría del capital humano está aportando poco al crecimiento. Sin embargo, me parece que cuando se trata de explicar la fuerte caída que registra el crecimiento de tendencia, es el deterioro institucional el elemento más gravitante. Es cierto, tenemos en esta materia un lugar destacado aún si nos comparamos con América Latina, pero el retroceso es evidente y está llegando a niveles preocupantes.

Para muestra de lo anterior, basta ver lo que ha pasado en los ya catorce meses que llevamos en la discusión de la reforma tributaria, un tema que en vez de dilucidarse, parece complicarse cada vez más. No tengo dudas de que si se hubiera aprobado el proyecto del gobierno en un plazo razonable y con una discusión seria, se hubiera hecho una contribución importante al crecimiento de la economía, no sólo por las medidas en sí mismas, sino también por la señal institucional positiva que habría sido el que se pudiera perfeccionar nuestra institucionalidad tributaria. Esto, luego del amplísimo consenso existente referido a que la reforma de 2014 había sido un claro retroceso en la materia, tanto en términos de equidad como de eficiencia, dejando como herencia un sistema tremendamente complejo.

Sin embargo, parece que era mucho pedir que se pudiera sostener una discusión sensata, con argumentos técnicos. Volvimos a las consignas simplicistas, sin sustento, motivadas en parte por una oposición que ve en el fracaso de este gobierno su éxito político de corto plazo, sin que importe lo que sea mejor para el país. Con ese objetivo, el enemigo a destruir es la reintegración tributaria, que ciertamente es el elemento central del proyecto del gobierno. Es cierto: la reintegración no es un dogma, es un instrumento, pero que cumple en mejor forma que otros los objetivos de la reforma; recupera la equidad horizontal, atributo clave de un buen sistema de impuesto a la renta; contribuye definitivamente a simplificar el sistema y fomenta el emprendimiento —considerando que el actual sistema semi-integrado lleva a que en Chile sea mejor ser empleado que empleador—, contribuyendo entonces con el crecimiento. La simple rebaja del impuesto de Primera Categoría sólo contribuye en este último objetivo.

Lo anterior es un ejemplo, pero basta ver la prensa diaria para percatarse del deterioro institucional que enfrentamos en el Poder Legislativo y en el Judicial, a lo que se suma un Poder Ejecutivo con problemas serios de eficiencia en su gestión. Se supone que los más preparados deberían estar a cargo de los poderes del Estado. A juzgar por los resultados, eso no está ocurriendo.