Bolsas plásticas: hacia una regulación eficiente

Un creciente número de municipios están impulsando variadas iniciativas para eliminar las bolsas plásticas. Hoy, un 15% de las comunas ya cuenta con algún tipo de normativa al respecto.

Si el objetivo que se persigue es reducir la contaminación ambiental en sus diversas formas, cabe preguntarse si la prohibición de las bolsas es la mejor opción, tanto por sus eventuales efectos colaterales como por la consideración de alternativas regulatorias.

Según lo constata una encuesta Adimark-GFK de 2014, el 94% de los hogares en Chile reutilizan las bolsas plásticas entregadas en los supermercados para depositar su basura. En el escenario de una prohibición generalizada de estas bolsas, podría producirse un retroceso no deseado en la reducción lograda hasta hoy de vectores de contaminación cruzada en los sectores más vulnerables. Además, las familias que puedan hacerlo comprarán más bolsas de basura para suplir la falta de bolsas de supermercado que antes utilizaban para disponer parte de sus desechos.

Existe amplio consenso de que la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) proporciona el marco legal adecuado, y que producirá importantes beneficios si logra ser bien implementada. Siguiendo el modelo de los países más avanzados en materia de reciclaje, la legislación regulará la gestión de residuos estableciendo obligaciones a las empresas que introducen los productos al mercado nacional. Se trata de una política pública nacional, cuya elaboración traspasó dos gobiernos, y en cuya definición participaron distintos actores públicos y privados.

Sin embargo, la Ley REP regirá solo para los denominados “productos prioritarios”, entre los cuales no ha sido -hasta el momento- considerado el producto que más preocupa a la ciudadanía: las bolsas plásticas que se utilizan para trasladar productos de los supermercados y del comercio. ¿Qué dinámicas podrían ocurrir si las bolsas plásticas entran a la REP? Primero, el comercio buscará maneras de reducir el número de bolsas entregadas. En la actualidad no hay incentivos para su reducción. Por el contrario, los empaquetadores comúnmente asocian un buen servicio al uso holgado de bolsas. Lo esperable es que se cobre por las bolsas y que mejore su calidad, tal como ocurre en muchos países, lo cual tendría el doble efecto de racionalizar su consumo y fomentar el uso de bolsas reutilizables. Segundo, la entrada en vigencia de la REP potenciará las tasas de reciclaje y, por tanto, crecerá la oferta de bolsas producidas con material reciclado. Según catastro de Asipla, el promedio de material reciclado utilizado en la fabricación de bolsas de supermercados está en torno al 10%, pudiendo técnicamente llegar a un 30%.

Concluimos entonces que, respecto a las bolsas plásticas, la regulación por medio de la REP podría resultar más eficiente desde un punto de vista ambiental que una prohibición. Si asumimos que el 60% de éstas se usa además para contener la basura, y considerando una reducción del uso de bolsas nuevas en un 40%, entonces estaríamos en camino a una solución eficiente del problema, que no pasa por su prohibición, la cual genera variadas complejidades jurídicas y ambientales.