Ante la justicia, desconfianza

José Miguel Aldunate

De los tres poderes del Estado, el Judicial es el que más depende de la confianza de los ciudadanos. En el día a día, el Gobierno puede implementar sus planes y el legislador puede dictar sus leyes sin la colaboración activa de los ciudadanos. ¿Pero qué sería de los jueces si los justiciables dejan de traer sus asuntos a la justicia?

Por supuesto, el Poder Judicial, como también el Ministerio Público, están muy lejos de quedarse sin trabajo y todo indica que el algún momento será necesario aumentar su capacidad. Sin embargo, algunos síntomas son preocupantes.

“Perder la fe en el sistema judicial es índice de que los derechos de los afectados han sido vulnerados demasiadas veces, sin remedio institucional alguno”.

Un análisis del Observatorio Judicial reveló que las causas por robo y hurto de madera —que se inician principalmente por querellas de los afectados— vienen disminuyendo sostenidamente a lo largo del tiempo. ¿Significa que hay menos robos y hurtos de madera? Para nada. Todo indica que el delito se comete cada vez más.

El problema es que los afectados no esperan nada de la justicia. Como Javier Marías, piensan que “la impunidad del mundo es tan inabarcable, tan antigua y larga y ancha, que hasta cierto punto nos da lo mismo que se le añada un milímetro más.”

Lo anterior es, sobre todo, un problema para las personas. Una cosa es expresar la desconfianza hacia el Poder Judicial en una encuesta de opinión y otra muy distinta es abstenerse de acudir a los tribunales a pedir justicia. Perder la fe en el sistema es índice de que los derechos de los afectados han sido vulnerados demasiadas veces, sin remedio institucional alguno.

Pero, además, el problema afecta a los mismos jueces. Del análisis de las causas sobre violencia en la macrozona sur y, en general, de todo el sistema de justicia penal, se puede concluir que, la mayoría de las veces, la impunidad no es el resultado de las malas decisiones de los jueces de garantía, como muchas veces se insiste en la opinión pública, sino del déficit en el trabajo de investigación realizado por el Ministerio Público. Los fiscales, sin embargo, dependen del trabajo de las policías y éstas, a su vez, de sus escasos recursos y atribuciones para hacer frente a fenómenos de criminalidad crecientes en magnitud, gravedad y complejidad. Todo el sistema de persecución penal está desbordado.

Sin embargo, los ciudadanos no pueden quedar conformes cuando se les responde que Fuenteovejuna fue. La tendencia, más bien, es matar al mensajero, que suele ser el fiscal o el juez de garantía. Los jueces deben ser particularmente cuidadosos en este respecto. Si bien su principal tarea es hacer justicia con apego estricto al derecho y al deber de imparcialidad, deben ser conscientes de que la ciudadanía castiga por igual a justos y pecadores.

Por supuesto, mientras jueces y fiscales equilibran día a día estos difíciles deberes, el principal responsable de la situación es la autoridad política -Ejecutivo y Legislativo-, la única capaz de abordar el problema en toda su complejidad. Es de esperar que la reciente aprobación de la ley que tipifica la sustracción de madera y establece nuevas facultades de fiscalización para la autoridad administrativa sea bien implementada y rinda fruto. De lo contrario, los principales perdedores serán, en primer lugar, los ciudadanos, pero, a la larga, también los jueces y los fiscales.