Acceso a la vivienda, prioridad público-privada

Rafael Mies

La dificultad de acceder a una vivienda en Chile es uno de los problemas sociales a los que sucesivos gobiernos han intentado, sin éxito hasta la fecha, dar solución. Numerosas iniciativas, tanto públicas como de organizaciones sin fines de lucro siguen quedando muy cortas frente a la urgencia de resolver este flagelo social.

Uno de los mayores problemas es que la respuesta ha estado centrada en la entrega de viviendas, en ausencia de un orden urbano y con escasez de disponibilidad de terrenos fiscales que permita el adecuado desarrollo de un proyecto de vida. La insuficiente calidad de las viviendas -así como su localización, la falta de áreas verdes y su preocupante desconexión de los servicios básicos como educación, salud y transporte- quedaron al descubierto con la pandemia, evidenciando la urgente necesidad de buscar soluciones de presente y futuro.

El último Catastro de Campamentos 2020-2021, realizado por TECHO, entregó preocupantes cifras sobre la situación actual de los campamentos en nuestro país. Hoy, 81.643 familias viven en 969 campamentos en Chile, la cifra más alta desde 1996. Actualmente 57.715 niños y niñas menores de 14 años viven en estos asentamientos. A esta cifra es preciso sumar, además, la situación de quienes "tienen un techo", pero que viven en barrios de las periferias urbanas donde no hay acceso a servicios ni a infraestructura urbana básica que les aseguren un mínimo de bienestar.

Existen al menos tres aspectos que debieran ser prioridad en los años que vienen: acceso a suministros básicos, incorporación del mundo migrante y recuperación de espacios públicos, siendo este último lo más apremiante en términos de recomposición del tejido social.

Respecto al acceso a suministros básicos, resulta importante considerar que el 93% de campamentos no tiene acceso a agua potable. En las zonas rurales, cerca de un millón de personas, es decir un 47,2 % de la población rural en Chile, no tiene abastecimiento formal de agua potable. Esto representa un problema no solo de salud e higiene, sino de una falta de dignidad intolerable para los tiempos que corren.

En segundo lugar, los guetos de inmigración: actualmente hay 24.964 familias migrantes, que corresponden a un 30,58% del total nacional de habitantes en campamentos. Esta cifra ha seguido en aumento, con la consiguiente saturación de barrios y surgimiento de campamentos y guetos exclusivamente ocupados por inmigrantes. La necesidad de integración real de los inmigrantes se puede resolver, basta mirar el caso de Alemania, donde han logrado resolver temas tan importantes como la caída en la tasa de natalidad, o el aumento de la productividad y competitividad de sus empresas.

Por último, recuperar las plazas y espacios públicos. Según cifras del Banco Mundial, en 2018 el 87,5% de la población chilena vivía en áreas urbanas (unas 16.200.000 personas). A cada uno de ellos le estarían correspondiendo, en promedio, 3,3 m2 de parque urbano, cuando según el Sistema de Indicadores y Estándares del Desarrollo Urbano (Siedu), el estándar mínimo que se debería alcanzar para garantizar el cumplimiento de este indicador es de 10 m2 por habitante.

Estos tres desafíos marcan una verdadera hoja de ruta que ningún Estado por sí solo puede enfrentar. La colaboración de las organizaciones sin fines de lucro, en conjunto con las empresas, centros de estudios y el mundo de la filantropía podemos y debemos hacernos cargo.