VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteOtro obstáculo al desarrollo inmobiliario
Señor Director:
En la Quinta Región ha surgido un debate sobre el verdadero propósito del recurso de protección. Un reciente fallo de la segunda sala de la Ilustre Corte de Apelaciones de Valparaíso ha evidenciado un nuevo obstáculo para el desarrollo del país.
La inmobiliaria a cargo del desarrollo del proyecto contaba con todos los permisos necesarios para llevar a cabo un proyecto de cinco edificios de 14 y 15 pisos, con una inversión de US$ 100 millones aproximadamente. Sin embargo, la Corte acogió un recurso de protección presentado por comunidades del sector, quienes alegaban que el proyecto afectaba su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Como resultado, toda la planificación y el trabajo desarrollado hasta la fecha quedaron paralizados.
La resolución judicial impide a la inmobiliaria continuar con el proyecto hasta cumplir con una nueva serie de trámites, muchos de los cuales carecen de justificación o ya fueron cumplidos en instancias previas. Para dar un ejemplo, se ordena al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir un informe de evaluación de impacto ambiental, una exigencia improcedente, dado que el SEA no tiene atribuciones para generar este tipo de informes y aún más, el proyecto ya contaba con una pertinencia ambiental que señalan que el proyecto no tenía que ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
La industria ya enfrenta un complejo entramado de permisos y regulaciones, y fallos como este solo añaden nuevos riesgos y desincentivan la inversión en el país. El recurso de protección es un instrumento legal de emergencia diseñado procesalmente para cautelar garantías constitucionales de las personas. Su uso como herramienta para implementar o reordenar acciones administrativas de entidades estatales entra en conflicto no sólo con la naturaleza misma del recurso, sino también, con las normativas y facultades de los órganos que permiten el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el país. Ello genera más incertidumbre y obstaculiza el desarrollo inmobiliario y el crecimiento del país.
Karlfranz Koehler
Abogado Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios A.G. (ADI)
