Delitos económicos y protección de datos
Señor Director:
A propósito de la reciente promulgación de la Ley de Delitos Económicos vale la pena revisitar un aspecto del proyecto de ley de Datos Personales respecto del cual no ha existido acuerdo entre el Senado y la Cámara de Diputados: el acceso y tratamiento de la información contenida en las fuentes de acceso público.
Por una parte, el Senado aplicó a esta información la calidad de excepción al consentimiento de sus titulares y al principio de finalidad en el tratamiento de datos personales; la Cámara Baja, por la otra, eliminó ambas excepciones.
En la base de la prevención de muchos de los delitos incluidos en la Ley de Delitos Económicos está la información que se encuentra en este tipo de fuentes, como son el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Registro Civil e Identificación, las páginas web de los organismos públicos, entre otros. Parece algo inocente pretender que una persona que quiere ocultar su parentesco con otra o su participación en una sociedad o su calidad de funcionario público o persona expuesta políticamente consentirá en el tratamiento de los datos que revelarán dicha relación o calidad.
Se podrá contraargumentar que el mismo proyecto de ley incorpora como fuente de licitud en el tratamiento de datos personales la satisfacción de intereses legítimos, sin embargo, el mismo proyecto permite al titular de datos oponerse al tratamiento cuando su base de licitud sea ésta, en cuyo caso se deberá acreditar la existencia de motivos legítimos e imperiosos para el tratamiento, estándar de licitud altísimo que podría atentar contra la oportunidad y, consecuentemente, contra la eficacia de dicho tratamiento.
Resulta necesario que en la discusión legislativa de materias como ésta primen los criterios técnicos y se tengan a la vista todas las posibles consecuencias de tomar una determinada decisión. Las fuentes de acceso público han sido por largo tiempo parte fundamental de nuestro ecosistema de datos. Más que restringir su uso se debe sancionar con severidad su abuso.
Ignacio Bunster
Director Legal de Equifax