Primer plan de acción público-privado de Responsabilidad Social

Las últimas semanas no han sido fáciles para el país, ni para la política ni para los empresarios. La ética empresarial ha estado como nunca antes en el centro del debate público y en especial, en el de los dirigentes de las principales organizaciones gremiales. En este contexto, el Consejo de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible, que funciona en el Ministerio de Economía y tengo el agrado de presidir, aprobó su plan de acción 2015-2018. Por primera vez, este grupo público-privado, compuesto por 19 representantes del gobierno, la sociedad civil y de los sectores académico y empresarial, tiene una agenda muy definida, con 17 medidas concretas para fomentar y fortalecer la Responsabilidad Social en Chile.

Además de agradecer el trabajo de los consejeros, que participan movilizados por su convicción de que la Responsabilidad Social debe convertirse en una herramienta para apoyar un crecimiento económico más integrado, justo y sostenible; debemos reconocer que existe cada vez mayor conciencia de la importancia de este tema a nivel global. En la Unión Europea y en los países de la OCDE, la Responsabilidad Social tiene estándares altos que le posibilitan contribuir significativamente al Desarrollo Sostenible. Basta recordar que el compromiso hacia este tipo de desarrollo es un acuerdo firmado por todos sus países integrantes en los 90.

En los países desarrollados se entiende que las buenas prácticas agregan valor a los negocios, porque éstas impactan directamente en las decisiones de compra de los consumidores. Más cuando las redes sociales funcionan como fiscalizadores on line y las crisis corporativas pueden desatarse en horas.

Relacionarse con las comunidades, cuidar y mantener vínculos sanos con los trabajadores, integrar a las mujeres a la fuerza laboral y darles espacios de desarrollo de carrera; cuidar el medio ambiente; pagar a tiempo a los proveedores; resguardar la cadena productiva... todo se puede hacer sin afectar la competitividad. Por eso, hemos planteado un completo plan de trabajo, con responsables y seguimiento, que tiene entre sus metas, trabajar la política de desarrollo sostenible a largo plazo. También hemos sumado a las empresas públicas, porque tenemos que empezar por casa, a las pymes y nuevos instrumentos como los acuerdos voluntarios de pre inversión. A través del Consejo para la Producción Limpia (CPL), implementaremos estos convenios que permitirán a las empresas trabajar con las comunidades antes de que los proyectos ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Hay también varias iniciativas para aumentar la transparencia y la reportabilidad. Estamos coordinados con otros organismos del Estado que están avanzando en la misma línea, como la normativa de gobiernos corporativos que la Superintendencia de Valores y Seguros, actualmente en Consulta Pública. Y por, supuesto, estamos siempre disponibles para seguir conversando con las organizaciones gremiales, como lo hemos hecho durante todo el gobierno de la Presidenta Bachelet. Por eso resulta muy alentador que los dirigentes hayan planteado que abordarán el tema ético como uno de los prioritarios. De esta forma, afrontando las materias conjuntamente y planteando una metodología como la del plan de acción del Consejo de Responsabilidad Social, contribuiremos a mejorar los estándares éticos que tanta falta nos hace recuperar.