Lobby al lobby

Pasó inadvertido. Pocos sabían que la semana pasada se cumplieron dos años de la Ley del Lobby, una ley aprobada en la administración del presidente Piñera tras 10 años de intentos frustrados en el Congreso. La regulación constituye un primer paso para formalizar las relaciones público-privadas, a través de la obligación de las autoridades de registrar en un portal público las audiencias con grupos de interés e informar los viajes y regalos recibidos. Sin entrar a regular la actividad del lobby propiamente tal, la ley buscó dar mayor transparencia a las agendas de las autoridades, de manera de tener información sobre la participación de distintos actores en el proceso de toma de decisiones públicas.

La Ley del Lobby presenta varias ventajas. Primero, transita desde la opacidad a la transparencia un conjunto de actividades, gestiones y relaciones de las cuales no existía ningún tipo de información. Además, establece un mecanismo para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de petición sin necesidad de tener un contacto al interior del Estado. Finalmente, bien utilizada puede constituir una herramienta de gestión, ya que permite hacer seguimiento a las reuniones realizadas y los compromisos adquiridos.

Si esta ley contribuye a profesionalizar las relaciones público-privadas, dar más transparencia al proceso de toma de decisiones y aumentar la rendición de cuentas de los funcionarios ¿por qué encuentra tanta resistencia?, ¿por qué pocos promueven esta ley?. La mayor amenaza al lobby es la percepción negativa sobre la actividad. Siendo legítimo y propio del proceso democrático, el lobby se asocia a gestiones oscuras, tráfico de influencias e incluso a delitos como sobornos. Por lo mismo, aún hay autoridades reticentes a aplicar la ley, organismos como la ANEF que han solicitado explícitamente ser excluidos o personas que buscan cualquier medio para no figurar como lobbistas o gestores de intereses. Así, pareciera que es mejor vista una autoridad con un bajo registro de audiencias versus aquella que informa debidamente este tipo de reuniones. Craso error.

A pesar de lo anterior, vemos algunos avances. En el estudio Lobby Law in Chile: Democratizing Access to Public Authorities nos correspondió evaluar el impacto de la Ley del Lobby a dos años de su vigencia. A junio de 2016 ya se habían registrado más de 85 mil audiencias, con un promedio aproximado de 9 mil por mes, concentrándose en aquellos mercados más regulados. No obstante, los datos revelan también una asimetría en su aplicación, con 60 alcaldes sin registro a la fecha. Una mayor capacitación de los gobiernos locales y un mejoramiento del enforcement de la ley serán claves para disminuir esta brecha. El Consejo para la Transparencia y la Contraloría pueden ser buenos aliados en esta tarea, así como las mejores prácticas que han implementado ciertas organizaciones gremiales

La experiencia comparada es útil para el caso chileno. EEUU tiene la Lobbying Disclosure Act desde el año 95, contando con más de 25 mil personas y organizaciones inscritas. La ley americana establece obligaciones de registro para los lobbistas y la entrega periódica de un informe financiero con sus actividades, definiendo además las aciones de lobby y las autoridades sujetas. La Unión Europea entrega completa información de las empresas y gastos asociados al lobby, mientras que Canadá es un activo promotor de que toda organización que gestione intereses ante autoridades se registre como lobbista. En estos países, la actividad es aceptada y se realiza masivamente.

¿Qué desafíos enfrentamos en Chile? El primero es lograr un mayor uso de la ley actual. Para eso es esencial que más empresas, organizaciones gremiales y de la sociedad civil vean la ley como una herramienta concreta para gestionar sus intereses ante las autoridades. El espíritu de la ley es enfocarse en las actividades que constituyen lobby, independiente del tipo de organización que la realiza. Lo segundo es establecer en el futuro reglas del juego más claras, sin caer en una sobreregulación que haga poco aplicable la ley. Eso debiera incluir información de las empresas, gasto asociado y un código de ética más detallado para quienes ejercen el lobby.