El desafío de restablecer confianzas

Kathleen Barclay

Hace un par de semanas, la Presidenta Michelle Bachelet presentó la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y en la Política -la cual contiene 14 medidas administrativas y 18 iniciativas legales-, sin embargo no parece haber tenido la repercusión que ameritaba en la opinión pública.

Ello es lamentable dada la trascendencia del tema y la importancia de abordarlo institucionalmente para generar confianzas y estimular el crecimiento del país, a la vista de las denuncias de las que nos hemos informado a través de los medios de comunicación.

Vivo en Chile desde hace más de 30 años, por lo que puedo decir con convicción que conozco el país y su sociedad, y que tengo certeza que en Chile las instituciones funcionan y que es una señal positiva que los chilenos hoy cuestionen el actuar de algunos líderes políticos y empresariales.

Pese a ello, me parece de suma importancia tomar acciones frente a esta situación, como ocurre con la agenda de probidad, ya que finalmente lo que se está generando en el país es un problema de confianza. No podemos dejar que se pierda la confianza de los trabajadores en su empresa, de los votantes en sus autoridades, ni de los inversionistas extranjeros en Chile.

En este sentido, el sector privado también tiene un rol que cumplir. Las empresas no solo tienen la obligación de centrarse en su rentabilidad, respondiendo al compromiso que tienen con sus accionistas, sino que en la responsabilidad que tienen con la sociedad. En este caso, de mantener las confianzas, básicamente mediante la autorregulación y la transparencia. La agenda presentada por el Gobierno propone una iniciativa legislativa para regular el gobierno corporativo de las sociedades anónimas y su ética corporativa.

Las compañías que pueden ser reguladas por esta ley son solo algunas, por ello, la importancia que todas las empresas trabajen por mejorar su gobierno corporativo, por elaborar manuales de éticas y por fiscalizar correctamente sus finanzas. En la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, a través del Comité de Capital Humano, llevamos más de un año trabajando en torno a los nuevos modelos de gobierno corporativo y cómo deben modernizarse en esta materia las empresas.

Asimismo, mediante el Comité de Innovación y Propiedad Intelectual, AmCham participó en la mesa técnica de discusión sobre el anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales que lideró la Subsecretaría de Economía y que hoy forma parte de la agenda de probidad. La protección de datos personales es un tema importante para cuidar los derechos y privacidad de las personas, pero es de suma importancia hacerlo en una manera que facilite el flujo de los negocios que cada día son más globalizados y, de esta manera, mantener la competitividad del país.

Desde esta óptica, también es relevante mirar estas medidas como una manera de dar mayor estabilidad a la inversión extranjera, buscando no perder confianzas y dar garantías de transparencia y comportamiento ético, tanto del sector público, como del privado. Las señales que Chile dé al mundo son en este momento cruciales, ya que se derogó el DL 600 como mecanismo de ingreso de capitales foráneos al país y el nuevo régimen de inversiones está próximo a ser promulgado. Por ello lo oportuno de esta agenda hoy y la necesidad que las medidas se hagan realidad, dando así señales de estabilidad.

Chile está viviendo un proceso maduración en materia de probidad y transparencia, como lo vivió Estados Unidos en los años setenta, cuando se generó un cuestionamiento de la relación de las empresas con la política, lo que dio origen a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act).

Ésta prohíbe a compañías norteamericanas o a sus subsidiarias sobornar para su beneficio a funcionarios públicos en el extranjero, además de establecer normas de transparencia en materia de contabilidad. Esta ley fue perfeccionada en los ochentas y noventas, y tomó más fuerza a partir de la aprobación de Ley Sarbanes-Oxley en 2001, luego de la crisis del caso Enron.

Tal como ha ido ocurriendo en Norteamérica, Chile irá perfeccionando su legislación para velar por la probidad y un actuar ético, y debemos ser conscientes que ello no es responsabilidad exclusiva del Estado, sino que es una responsabilidad compartida del sector público y el privado, por lo tanto, responsabilidad de todos.