¿Renuncia Chile a su política exterior?

Jorge Sahd

¿Renuncia Chile a sus principios de política exterior con la no adhesión al Pacto Global de Migración de la ONU? Pienso que no. El debate ya polarizado en las redes sociales, donde se habla de una estrategia para favorecer a grupos extremos o que los partidarios del pacto son antipatriotas, poco contribuye a una reflexión seria sobre un asunto complejo.

En el contexto mundial, el cuestionamiento a los organismos internacionales es creciente. Si las últimas semanas hemos hablado de la urgente necesidad de reformar la Organización Mundial de Comercio, la propia ONU también ha sido objeto de diversos análisis, desde su pérdida de relevancia y exceso de burocracia, hasta la falta de foco. Un primer elemento, entonces, es que hoy se acabó el “cheque en blanco” para los organismos internacionales.

Nuestra política exterior declara la responsabilidad de cooperar, el fortalecimiento del multilateralismo y la integración regional como algunos ejes fundamentales. ¿Significa, entonces, que en aras de estos principios y prioridades Chile debe decir sí a todo aquello que se mandata en sede internacional? No. El tema de fondo es si en aquellos asuntos de Estado, con efectos directos en el país, los distintos poderes, sea el Ejecutivo o incluso el Congreso cuando se trata de ratificar tratados, pueden tener una voz distinta. La respuesta es que sí.

Y aquí la clave. La integración, el multilateralismo y la solidaridad compartidas se construyen en base para las visiones, capacidades y realidades de cada país. Si no fuera así, cada Estado estaría prácticamente forzado a adoptar una decisión proveniente de un organismo internacional, aun cuando no fuese conveniente a sus intereses.

Más allá del carácter vinculante o no, sabemos que los acuerdos y prácticas internacionales influyen en la realidad de los países. La APEC, foro económico no vinculante por naturaleza, ha tenido un significativo impacto en la reducción de barreras al comercio. Lo mismo la OCDE, cuyas propuestas de política pública han servido de guía para diversas leyes nacionales, como la del lobby o la responsabilidad penal de las empresas. Estas prácticas y recomendaciones van creando realidades que difícilmente los países pueden negar y, por lo mismo, su evaluación previa debe ser seria y razonada.

El Pacto Global de Migración plantea complejidades adicionales, porque encuentra a Chile en plena definición interna de su política migratoria, luego de un abandono de más de 40 años, con una ley de la década de los 70, obsoleta y carente de visión. ¿Es clave el trabajo coordinado con otros Estados? Claro. Pero de nada sirve si el país no tiene una línea de base mínima en la materia, algo que busca despejar con el proyecto de ley que se discute.

Si bien el fenómeno migratorio es global, también es una materia de enormes implicancias internas. Supone un Estado preparado financieramente, capaz de garantizar prestaciones de salud y educación dignas, igualdad de trato y un mercado laboral relativamente preparado para absorber formalmente la nueva fuerza de trabajo.

Las desprolijidades del proceso en la decisión de Chile han contribuido a avivar la polémica, pero no olvidemos el fondo del asunto. Los asuntos internacionales, cada vez más complejos, necesitan una reflexión global, pero al mismo tiempo la deliberación propia como Estado, sin que eso signifique darle la espalda a nuestra larga tradición de integración y cooperación.