El sector pesquero en ebullición

José Antonio Viera-Gallo

El país merece un debate más serio sobre la legislación pesquera. El sector pesquero —industrial, artesanal y de acuicultura— es de vital importancia. No puede ser tratado en forma ligera.

El gobierno recién abre una mesa de negociación sobre la prohibición de la pesca de arrastre de la jibia, una vez despachada la moción parlamentaria por el Congreso, luego de protestas contrapuestas de pescadores artesanales y trabajadores de las plantas procesadoras, y una vez anunciado un veto que no dejó satisfecho a nadie.

Por su parte, el gobierno envía un proyecto de ley llamada “corta” que termina con la renovación de las licencias de pesca. La iniciativa ha despertado inquietud en el mundo económico por el cambio abrupto de las reglas del juego. El debate no se ha centrado en cuál sea el mejor sistema para el desarrollo del sector y la conservación del recurso pesquero. La discusión gira en torno a la competencia, los derechos adquiridos y el mal comportamiento de algunas empresas y agrupaciones gremiales durante la tramitación de la última modificación de la Ley de Pesca en el primer gobierno de Sebastián Piñera, todavía bajo escrutinio de la justicia.

La iniciativa del gobierno nada dice sobre la situación en que quedarían los trabajadores de la pesquería industrial, que añaden valor agregado a las exportaciones. ¿Qué sucedería con ellos una vez que caducaran las actuales licencias? ¿Cómo se asegura su estabilidad laboral? En caso de perder el trabajo, ¿tendrán derecho a indemnización? Y estamos hablando de miles de personas, en un alto porcentaje mujeres, que se concentran en determinados lugares como Talcahuano.

Tampoco el proyecto contiene algún tipo de incentivo para que las empresas continúen con planes de inversión cuando se acerque el plazo de caducidad. Ni cómo se les podrá exigir que gasten más en protección del medio ambiente. Ni que sucederá con sus naves, plantas procesadoras y maquinaria: habría sin duda un daño emergente.

Por su parte, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la anulación de la última modificación a la ley de pesca, fundamentando la decisión en las irregularidades o delitos que están siendo investigados, sin reparar que esa iniciativa fue aprobada por un amplio acuerdo político en el que participaron todos o casi todos. Además, nuestro derecho no contempla la posibilidad de anular una ley, sino de derogarla. Si prosperara la anulación, revivirían los permisos indefinidos de pesca que tenían las empresas originalmente: se produciría el efecto contrario del buscado por los promotores de la moción.

Fuera de los cuestionamientos jurídicos que la llamada “ley corta” ha suscitado, no cabe duda que su aprobación tal como está provocaría una verdadera rencilla judicial en todas las instancias, sobre todo teniendo en consideración lo sostenido por los parlamentarios al momento de aprobar las licencias renovables de pesca y lo sostenido por el Tribunal Constitucional al respecto. Los reclamos judiciales podrían incluso escalar a instancias internacionales, lo cual generaría un clima de incertidumbre en el sector pesquero que sería muy perjudicial para su desarrollo y para el país.

¿Por qué no abrir un debate serio sobre los temas en discusión, tomando en consideración la experiencia internacional, especialmente de la OCDE y de la FAO? El país ha ido dando pasos positivos en su legislación pesquera, pero quedan todavía muchos desafíos por enfrentar, sobre todo en favor de una mejor protección del sector artesanal y sus derechos. Todos los actores involucrados deben ser escuchados. También los trabajadores industriales, que han participado en la “guerra de la jibia” con chalecos amarillos.