FinTech bloqueadas por BancoEstado afinan estrategia legal y fichan a reconocidos estudios legales

Las políticas implementadas por BancoEstado de bloquear las operaciones de algunas empresas FinTech, argumentando que no tienen el estándar se ciberseguridad de la entidad financiera, caló hondo en el ecosistema de innovación financiera.

Anoche, los representantes legales de Khipu, Cristián Reyes y Óscar Garate de Aninat Abogados, escalaron con un recurso de reposición a la Corte de Apelaciones de Santiago luego que esta misma instancia rechazó la acción de protección que interpusieron la semana pasada para poner fin a las medidas del banco.

Reyes explicó a DF que el recurso "tiene por objetivo hacer ver a la Corte de Apelaciones el error de hecho en que incurrió al estimar que este es un asunto de carácter contractual, en circunstancias que no existe contrato entre BancoEstado y Khipu, sino entre éste y sus clientes, demostrándose con mayor razón la ilegalidad y arbitrariedad en el actuar del banco. En caso de que en primera instancia tal decisión no se revierta, corresponderá que la conozca la Corte Suprema."

De acuerdo al escrito presentado por Khipu, recriminaron que se trata de un "bloqueo unilateral e injustificadamente de las operaciones efectuadas por los titulares de cuentas abiertas en BancoEstado para el pago de servicios y compras que son realizadas a través de las plataformas de Khipu".

Según la defensa de Khipu, acusó que la compañía estatal que "ha realizado actos de discriminación arbitraria en su trato como empresa del Estado en materia económica".

Debido a estas acciones perjudiciales, se "ha perjudicado y perturbado seriamente la actividad comercial y el patrimonio" de la empresa tecnológica.

Se detalló que Khipu tiene una enorme dependencia económica respecto de BancoEstado debido a que los clientes del banco estatal representan más del 50% de sus operaciones y más del 45% de los ingresos de la empresa.

Se hizo ver que la decisión de BancoEstado "vulnera incluso los derechos de sus clientes". Esto pues la entidad financiera estaría restringiendo el derecho de las personas de suscribir contratos con terceros y, lo que es más importante, estaría limitando el destino y uso que dichos clientes quieren darle a los dineros que son de su propiedad y que están bajo la sola custodia del banco.

Reyes comentó que "además de afectar los derechos de las FinTech, como el de libertad económica y no ser discriminado por el Estado, el banco está también afectando los derechos de sus propios clientes, puesto que tienen toda libertad para disponer de sus fondos en la manera que estimen pertinente y para otorgar mandatos a terceros para realizar pago de bienes o servicios".

Los gastos de BancoEstado

Desde BancoEstado han expuesto que desde el 5 de septiembre del año pasado han elevado sus estándares de ciberseguridad y adquirieron un sistema denominado "Akamai" para detectar ataques de bots.

La entidad financiera sufrió hace casi un año atrás un ciberataque mediante un ransomware que ingresó a sus sistema informáticos debido a un error humano, según informó un reporte elaborado por Microsoft.

Araya indicó que "Khipu y las FinTech más usadas cuentan desde hace varios años con importantes medidas de seguridad, lo que no justifica que el BancoEstado las trate como empresas peligrosas, sin diferenciarlas de las que realmente sí lo son".

De acuerdo a las últimas cifras disponibles de la Comisión para el Mercado Financiero, BancoEstado reportó a junio gastos por eventos de riesgo operacionales de $ 16.976 millones, de los cuales un 91,5% tiene su origen en fraudes externos, correspondientes a $ 15.594 millones.

Estas cifras son superiores a las informadas en 2020, cuando tuvo gastos por eventos de riesgo operaciones de $ 9.348 millones. De esta cifra, $ 7.803 millones eran originados por fraudes externos.

Nuevo frente legal

Algunas empresas afectadas se han organizado y ficharon a CMS Carey & Allende para poder permitir que exista un flujo de información entre FinTech y el sistema financiero tradicional, tal como se desarrolla en Europa. 

El nuevo frente legal será liderado por los abogados Diego Rodríguez y Stephan Luhrmann. La estrategia legal sería distinta a la de Khipu de ir a la Corte de Apelaciones mediante un recurso de protección.

El camino legal elegido sería invocar la Ley de Protección al Consumidor en materia financiera a favor de PYME. De esta manera, se presentaría una acción legal ante un Juzgado de Policía Local. Este tipo de acción sería más ágil. 

Una de las directrices del cuerpo legal es la no discriminación arbitraria por parte de empresas proveedoras de bienes o servicios.

Conocedores de las diligencias que llevan a cabo, no descartan que también se pueda abrir otro flanco legal ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.