Acreedores de CorpGroup piden condena para hijos de Álvaro Saieh por negligencia y apuntan por responsabilidad de Itaú Unibanco

En vísperas de Navidad, el proceso de reorganización judicial que lleva adelante CorpGroup Banking (CGB) y otras cuatro sociedades ligadas al grupo Saieh en Estados Unidos tras acogerse al Capítulo 11 del Código de Quiebras se reactivó.

En la tarde de ayer, el comité de acreedores no garantizados -conformados por los bonistas como LarrainVial, Consorcio, Compass, MBI, Fynsa, Megeve, entre otros- ingresaron una moción ante el Tribunal de Delaware para que se condene a Jorge Andrés Saieh y Catalina Saieh -ambos hijos del empresario Álvaro Saieh- por su responsabilidad en su calidad de directores de las sociedades familiares que se encuentran en quiebra debido al mal manejo financiero de las compañías.

El documento de 122 páginas solicita al tribunal que los hermanos Saieh Guzmán sean condenados por daños y perjuicios debido a la aprobación de actos ilegales, incumplimiento de deberes fiduciarios, entre otros cargos.

Asimismo, Jorge Andrés Saieh está citado para comparecer ante el Tribunal el 5 de enero a las 9:30 de la mañana.

De acuerdo a conocedores de la causa, durante el interrogatorio, Saieh Guzmán debería responder las preguntas de los representantes legales del comité de acreedores no garantizados por su rol como presidente de Itaú Chile debido al desempeño que ha tenido banco, que lo llevó a no repartir los dividendos que se proyectaron en la fusión entre Itaú y Corpbanca en 2014.

También, como presidente de CorpGroup Banking y de director en otras sociedades ligadas al grupo Saieh, recibiría preguntas sobre cómo realizaron.

En el escrito presentado, se acusó al grupo Saieh de haber transferido activos y contrajo deudas sin un beneficio inmediato para las compañías que están en el Capítulo 11, "sino para beneficiar a otras entidades dentro de la estructura de CorpGroup, incluida Corpgroup Interhold, todo ello en detrimento de los acreedores".

También fueron apuntados en la acción judicial la presidenta de SMU, Pilar Dañobeitía, y el CEO de CGB, Andrés Winter, por su rol en la articulación de "compras e inyecciones de capital entre empresas que no se realizaron en condiciones de mercado y no proporcionaron un valor equivalente a los deudores".

El documento acusa que los hermanos Saieh, en su calidad de directores de las empresas del grupo fueron "inconsistentes con el cuidado y la diligencia que una persona común usaría en su propio negocio y, por lo tanto, incumplieron sus deberes de cuidado, lealtad y trato justo".

Ambos hijos de Álvaro Saieh, dice el texto de los acreedores, actuaron con "negligencia grave o imprudencia" al "actuar en sus propios intereses personales" y "desperdiciar activos corporativos con respecto a transferencias entre compañías que no reportaron ningún beneficio".

Los bonistas ponen en tela de juicio las operaciones crediticias que hizo la familia Saieh entre sus sociedades. De 2016 a 2020, la sociedad Saga otorgó casi US$ 400 millones en préstamos, en su mayoría sin intereses, a las afiliadas Gasa, Interhold, CG Financial y CG Holding, de acuerdo al documento.

El relato de los acreedores

Entre los antecedentes se mencionó que la presión financiera sobre el grupo Saieh comenzó en 2013 luego de la compra de Banco Santander Colombia en 2011 y de Helm Bank en 2013. A ello se sumó que los otros negocios no bancarios del grupo "estaban incurriendo en pérdidas significativas".

Por ello, se optó que CGB emitiera un bono de US$ 500 millones en 2013, dinero que sería restituido a los acreedores mediante los dividendos de Corpbanca. Cuando se emitió la deuda que se encuentra en default desde octubre del año pasado, Corpbanca era el cuarto banco más grande del país, "por lo que los deudores recibían considerables dividendos anuales".

Según los bonistas, Saieh "sabía que US$ 500 millones representaban sólo una solución a corto plazo y que necesitaban un acuerdo que resolviera las dificultades financieras mucho mayores" por lo que cerró la fusión con Itaú.

El rol de Itaú Unibanco

Los acreedores criticaron que Itaú Unibanco "se convertiría en un privilegiado de los deudores y realizaría numerosas transacciones con la familia Saieh que permitieron a Itaú Unibanco no solo conspirar con otras entidades del CorpGroup para dominar y controlar los deudores y sus activos, y en última instancia brindan a Itaú Unibanco la oportunidad de adquirir el control mayoritario de las filiales bancarias chilenas y colombianas".

Según el comité, luego que Itaú Unibanco concedió créditos por más de US$ 1.200 millones a la familia Saieh tras concretar la fusión y que se entregaron acciones de Itaú Corpbanca que tenía el grupo en el nuevo banco en calidad de garantía, "nunca estarían en condiciones de reembolsar ninguno de los préstamos".

Apuntaron que estos "préstamos" no eran más que una venta encubierta de las acciones del banco a Itaú Unibanco. Por ello, reprocharon que el acuerdo de accionistas entre los brasileños y la familia Saieh otorgó a Itaú Unibanco "el control sobre todas las acciones que permaneció con los deudores, incluyendo aquellas acciones que no fueron ignoradas".

El trato entre ambas partes incluso "obliga a los deudores y a sus directores designados al directorio de Itaú Corpbanca a votar en la forma que indique Itaú Unibanco".

Los acreedores acusan que la transacción evitó una venta directa de acciones de Corpbanca por parte de CGB a Itaú Unibanco. De haberse concretado la venta, Saieh probablemente habría tenido que utilizar los ingresos en efectivo para reembolsar las obligaciones del bono. Por otra parte, Itaú Unibanco habría tenido que, de conformidad con la ley chilena, haber hecho una oferta pública para comprar todas las acciones de Corpbanca.

El comité de acreedores concluyó que el resultado de la transacción fue "catastrófico" para el grupo Saieh ya que no han recibido ningún beneficio directo como parte de la fusión.

A juicio de los bonistas, la transacción podría beneficiar a CGB "solo si resultara en un aumento en el valor de sus participaciones accionarias restantes en el recién formado Itaú Corpbanca y si otras entidades de la estructura del CorpGroup reembolsaran las líneas de crédito a Itaú Unibanco. Ninguno de los eventos se materializó".

Afirmaron que Itaú Chile "ya no es el cuarto banco comercial más grande de Chile. Su valor patrimonial ha caído vertiginosamente al igual que los dividendos declarados y pagados por el banco".

De acuerdo a los cálculos entregados, entre 2013 y 2016 los dividendos anuales recibidos por CGB de Itaú Chile fueron de US$ 107 millones. Mientras que desde 2017 a 2020 los dividendos anuales recibidos por CGB del banco promediaron los US$ 18 millones.

Y en ese tiempo, todo el pago pendiente de las líneas de crédito de Itaú Unibanco permaneció impago y siguió devengando intereses.

Los cargos contra los brasileños

Según los bonistas, el modus operandi del grupo Saieh era dejar en prenda los títulos del banco que tenían las sociedades (que hoy están en quebradas) para garantizar los préstamos contraídos por otras entidades de la familia.

El comité estableció que el banco que dirige Milton Maluhy en Sao Paulo actuó de manera maliciosa: "Itaú Unibanco, en conjunto con la familia Saieh que controlaba el resto del CorpGroup, dominó y explotó a los deudores de manera injusta al hacerse con el control de los activos sin tenerlos en cuenta".

Debido al pacto de accionistas, "Itaú Unibanco obtuvo una participación y control de Itaú Corpbanca sin pagar contraprestación directa", agrega el escrito.

Acusaron que "Itaú Unibanco sabía que Interhold (compañía de la familia Saieh) nunca podría pagar sus obligaciones en virtud de las líneas de crédito de Itaú Unibanco, pero no obstante, estaba dispuesto a aceptar las garantías y las acciones de Itaú Corpbanca".

Apuntaron que "en los años posteriores a la fusión, Itaú Unibanco conocía o debería haber sabido acerca de las numerosas transferencias entre empresas que sacaron efectivo de los deudores".

A juicio del comité, "estas transferencias perjudicaron a los acreedores de los deudores y beneficiaron a otros miembros del CorpGroup".

Los acreedores aseguraron que Itaú Unibanco "orquestó la fusión de una manera que se benefició en detrimento de los deudores y sus acreedores, ya sea consintiendo a sabiendas o haciendo la vista gorda ante las transacciones indebidas con partes relacionadas, y causando directamente los problemas financieros". Asimismo, se culpa al banco brasilero por el "resultado del mal desempeño de Itaú Corpbanca" tras la fusión.

Los bonistas una acción de "recaracterización" en EEUU ya que "Itaú Unibanco recibió todos los beneficios de una venta de las acciones de Itaú Corpbanca (tanto económicos como de voto)".

De esta manera, los acreedores de CGB esperan que la jueza Kate Stickles límite los reclamos que ha hecho Itaú Unibanco a las acciones que tienen bajo prenda.

De lo contrario los bonistas se verían perjudicados primero, cuando las acciones de Itaú Corpbanca fueron efectivamente transferidas a Itaú Unibanco sin contraprestación, y segundo, cuando Itaú Unibanco se permitió, como resultado de la forma en que se estructuró la transacción, la disminución en el valor de las acciones bajo garantía debido a la operación de Itaú Corpbanca por parte de Itaú Unibanco, para hacer valer un reclamo de deficiencia entre el calce del menor valor de los títulos en el mercado en relación a la deuda de US$ 1.200 millones.