Tras polémica por alza de planes, gobierno confirma envío de reforma a isapres este mes

Luego que el Presidente Sebastián Piñera anunciara que este mes de abril se enviará al Congreso un proyecto de ley que modernizará el sistema de isapres, el ministro de Salud, Emilio Santelices, indicó que con esta reforma se acabarán “las cajas negras y las alzas unilaterales” en los planes.

Si bien el gobierno ha aplazado en sucesivas oportunidades el envío de esta iniciativa desde octubre pasado, esta vez el titular de Salud enfatizó que esta vez sí se concretará su despacho al Congreso.

“Tenemos claro que estamos frente a una demanda ciudadana importante en materia de salud. Tenemos que avanzar, modernizar el sistema y fortalecerlo y de esta manera poder dar respuesta a esta sentida necesidad de la población”, aseguró Santelices, quien confirmó los ejes del proyecto: la creación de un plan universal de salud, la eliminación de las preexistencias y carencias, y la creación de las condiciones para el libre movimiento de usuarios entre instituciones junto con reducir las diferencias de precio por edad, sexo y estado de salud.

Resaltó que “estamos en presencia de una nueva era en lo que a isapres se refiere, una nueva era que da cuenta de una forma de hacer las cosas con absoluta transparencia, haciéndose cargo de las enfermedades y preexistencias y con un sistema que permite también la movilidad”.

Asimismo, el secretario de Estado descartó el envío de un ley corta, posibilidad que se había barajado en los últimos meses. “Creemos que ya ha pasado el tiempo para leyes cortas en materia de isapres, han pasado 10 años y también tenemos la convicción de que estamos dando cuenta de una sentida necesidad de la población y estoy seguro que los parlamentarios va a acoger y obviamente vamos también a estar abiertos a recibir indicaciones que enriquezcan este proyecto”, dijo tras la cita en La Moneda.

Críticas al alza de planes

El anuncio gubernamental tuvo lugar en medio de la polémica generada luego que este lunes que un grupo de cinco isapres –entre ellas las cuatro principales de la industria: Cruz Blanca, Colmena, Consalud y Banmédica– informaron un alza promedio de 5,1% en los precios base de sus planes individuales para el período julio 2019-junio de 2020, la mayor variación aplicada desde 2011.

La medida no sólo desató la crítica de afiliados y expertos, sino del propio titular de salud, quien a primera hora de ayer calificó como “incomprensibles” las alzas propuestas por las aseguradoras.

Un juicio que reiteró tras al anuncio del envío del proyecto. “El aumento de las isapres es responsabilidad de ellas y es por eso que la superintendencia ha oficiado a cada una de ellas para que entreguen los fundamentos por los cuales produjeron esas alzas. En eso no existe ninguna injerencia por parte del ministerio, menos del gobierno para poder hacer o determinar esas alzas”, recalcó.

Asimismo, dijo que “existe un absoluto desconocimiento por los cuales estas alzas se han producido, es por ello que se ha oficiado desde la superintendencia para conocer cuáles son los fundamentos de ellas, cuando me refiero a cajas negras me refiero a eso”.

Aseguradoras sufren revés en el TC por descuento de costas de juicios

Un revés sufrieron ayer Colmena, Banmédica y Consalud, luego que el Tribunal Constitucional desestimó los recursos en los cuales las aseguradoras solicitaban la inaplicabilidad de tres artículos en el caso que llevan contra el Servicio de Impuestos Internos desde 20107 tras la aplicación del criterio que no considera como gasto necesario para producir la renta los recursos para cubrir las costas de juicios por alza en los precios de los planes.
A juicio de las aseguradoras, no corresponde el pago del 35% de impuesto adicional por las costas ante los miles de casos que llegan a las cortes y que se ha usado para congelar las alzas de los precios de los planes de salud. Al inicio de la disputa, se calculaba que las sumas liquidadas por concepto de impuestos al conjunto de las siete empresas del sistema fiscalizadas para el período 2013 a 2016 ascendían a los $ 6.571 millones, las que sumados reajustes, intereses y multas, alcanzan los $ 12.647 millones (unos US$ 18,8 millones de la época).
El fallo del TC descarta que se vulneren derechos constitucionales con la nueva interpretación. Señala que el rechazo de un gasto por ser innecesario para producir la renta –que además tiene la posibilidad de ser controvertido en sede judicial- no representa un obstáculo de magnitud que impida a la empresa a proseguir con su giro económico.
Luego de esta decisión, se reanudará el proceso contra el fondo del caso en el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago.