Corona incorpora nuevas condiciones a plan de reorganización previo a junta de acreedores

Hace cuatro semanas, Multitiendas Corona había presentado su primer calendario de pagos en el marco de su reorganización judicial. Tras intensas conversaciones -que implicó que se pospusiera su junta de acreedores el viernes-, la firma agregó nuevas condiciones al plan que deberá ser votado este viernes.

En definitiva, de acuerdo al documento realizado por el estudio Nelson Contador & Cia, se añade que durante la vigencia del acuerdo, “se procurará la venta de la totalidad de las acciones de Multitiendas Corona S.A. o de las necesarias para que se produzca un cambio de control de la compañía en los términos de la Ley de Mercado de Valores y/o venta o cambio de control de cualquiera de las sociedades comprendidas en la unidad económica”, la cual es compuesta por sociedades como: Sociedad de Créditos Comerciales, Corona Corredora de Seguros Ltda, Bodega Corona S.A, Administradora de Tarjetas y Créditos Limitada, y Schupper S.A, entre otras.

Asimismo, se agrega que en caso de venta de parte o la totalidad de las acciones, o cambio de control de Multitiendas Corona, la comisión de acreedores podrá establecer como requisito para aprobar la operación, que exista un prepago obligatorio. En tal caso, el documento señala que se procederá a pagar todo o parte los créditos del acuerdo a prorrata de las acreencias.

Agregan que la firma deberá proceder a la venta de un inmueble ubicado en Copiapó, conforme al procedimiento que establezca la comisión de acreedores. “Al efecto, la comisión podrá disponer la licitación remate del inmueble indicado y aprobar las bases respectivas, así como aceptar una oferta de compra directa. Los gastos de la licitación por remate serán de cargo de la empresa deudora”, añade la propuesta.

Por último, el inserto de las obligaciones de la empresa, se detalla que a contar desde la fecha en que empiece a regir el presente acuerdo de reorganización, Corona realizará un “análisis exhaustivo” de la totalidad de los contratos de arrendamiento donde funcionan sus instalaciones administrativas y comerciales.

Esto, con el propósito de racionalizar el costo de las rentas de arrendamientos y la vigencia de los mismos contratos, en donde se privilegiará aquellos locales comerciales que tienen mejor rentabilidad por metro cuadrado.