Dominga se mantiene con vida: Tribunal Ambiental acoge reclamación de Andes Iron en contra el SEA por rechazo del proyecto

La larga espera llegó a su fin. Luego de que en septiembre del año 2019 la Tercera Sala de la Corte Suprema ordenara al Primer Tribunal Ambiental volver a revisar el caso del polémico proyecto minero-portuario Dominga, entrando al fondo de la calidad ambiental de la iniciativa, el organismo decidió -por unanimidad- acoger la reclamación judicial interpuesta por la empresa Andes Iron en contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por el rechazo del proyecto.

Así, la sentencia anula la resolución del Comité de Ministros y de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Coquimbo que calificó de manera desfavorable el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, ordenando retrotraerlo a la etapa de votación por parte de esta última instancia.

La iniciativa minera para extraer hierro en la Región de Coquimbo, que implica inversiones por el orden de US$ 2.500 millones, ha tenido una fuerte oposición por la instancia de un puerto en La Higuera por la cercanía con reservas naturales costeras.

El fallo que mantiene con vida la iniciativa -cuyo veredicto quedó en manos de Fabrizio Queirolo, Jasna Pavlich y Juan Opazo- señala que "los antecedentes aportados por la empresa en el proceso de evaluación ambiental son completos, según los estándares existentes a la época de su evaluación y, si bien existen puntos que la empresa debe complementar, éstos pueden realizarse en el marco del proceso de evaluación".

En esa línea, indica que "el rechazo del proyecto por el Comité de Ministros contradice el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) al refutar los cuestionamientos técnicos por lo que se acoge la reclamación del titular del proyecto".

Uno de los puntos ampliamente analizados en la sentencia fue la línea base del medio marino, los efectos sinérgicos, el desequilibrio entre impactos y medidas, y cada una de las inquietudes manifestadas en el proceso de Participación Ciudadana (PAC) que fueron presentadas ante el Comité de Ministros.

En lo relativo a la línea base, los ministros dijeron que los jueces no comparten el razonamiento del Comité de Ministros sobre su insuficiencia, ya que luego del análisis científico técnico no se acreditó y por lo tanto no se evidenció un desequilibrio entre los impactos y medidas.

"Existen los argumentos fácticos y se proporciona la adecuada fundamentación científico-técnica en el expediente de evaluación ambiental que permitieron definir y abordar adecuadamente los impactos sinérgicos en el presente proyecto, en los términos expuestos por el titular", se argumenta.

Además, los sentenciadores afirman que "teniendo en cuenta que la línea de base de las rutas de navegación ha sido considerada como suficiente para definir los impactos y medidas adecuadas, resulta por consiguiente, en este caso idónea para justificar adecuadamente la significancia o no de los impactos sinérgicos, particularmente, aquellos asociados a la fauna marina protegida".

Los tres ministros que tomaron la decisión participaron en una causa relacionada con Pascua-Lama donde se visó una conciliación entre Compañía Minera Nevada y el Consejo de Defensa del Estado a poco más de un año de ingresada la demanda por daño ambiental del proyecto.

El largo historial del caso
Aunque el proyecto arrastra un largo historial de episodios, el último capítulo se materializó hace casi dos años con la decisión de la Corte Suprema de volver a revisar el caso, ya que -según se consignó en el fallo- el Tribunal solo se había pronunciado sobre aspectos formales de la tramitación de la iniciativa y no lo de los ambientales.

En ese fallo, incluso, un juez encendió la alerta al considerar que la línea base marina de la iniciativa sería "insuficiente". Además, hizo ver que la empresa debió incorporar efectos sinérgicos que generará el puerto Cruz Grande.

El fallo, que está contenido en una sentencia de casación y de reemplazo de 171 y 14 páginas respectivamente, fue interpretado como un golpe para la empresa, ya que lleva todo el proceso al lugar en el que estaba hace un año.

Tras el duro revés que decretó la Corte Suprema, y sucesivas postergaciones de la audiencia de la causa por falta de ministros integrantes del Primer Tribunal Ambiental, el 3 de marzo del año pasado se realizaron los alegatos, siendo el último cara a cara entre los defensores y detractores de la iniciativa.

En esa cita, sorprendiendo incluso a los ministros del Primer Tribunal Ambiental, Andes Iron anunció una propuesta para dar respiro al proyecto, comprometiendo la instalación de un solo puerto en La Higuera. Según explicaron, Dominga estaría disponible a no construir su puerto, siempre que el proyecto Cruz Grande, de CAP, lo hiciera.

Así, luego de un proceso de estudio, en julio del año pasado el Primer Tribunal Ambiental dejó en acuerdo el caso, dejando al ministro Juan Opazo como el encargado de redactar la sentencia.