Los proyectos académicos que se adjudicaron el inédito acceso a las bases de datos administrativos del Ministerio de Desarrollo Social

Cuatro investigaciones de sólo dos universidades (de Chile y Católica) lograron sortear las vallas para acceder a los datos administrativos del Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo con los resultados de la tercera convocatoria que permite utilizar el Registro de Información Social (RIS).

Esto, como parte del programa piloto que comenzó el año pasado tras el quiebre del convenio exclusivo que se había suscrito con ambas entidades en 2018. Ahora el RIS -que contiene datos de familias e individuos beneficiarios o potenciales beneficiarios de programas sociales utilizado sólo por organismos del Estado y las municipalidades- está a disposición de entidades académicas públicas o privadas acreditadas en investigación.

Las investigaciones que obtuvieron autorización -dado el potencial de contribuir al diseño de políticas públicas- por parte de la Universidad de Chile son: “Necesidades de cuidado en hogares chilenos y su impacto en resultados laborales y educativos en miembros del hogar” liderada por el economista Dante Contreras; e “Inclusión, vivienda social y rentabilidad del gasto público” dirigida por el académico de la citada casa de estudios y asesor económico de la candidatura Paula Narváez, Daniel Hojman.

Por parte de la UC, se dio luz verde a las siguientes investigaciones: “Los impactos de la educación parvularia en Chile a través de tres décadas”, cuya responsable es la psicóloga y PhD en Política Social de London School of Economics and Political Science, Marigen Narea; y “Evaluación del Sistema de Admisión Escolar: análisis del algoritmo y sus efectos en segregación escolar”, liderada por  el decano de la Facultad de Educación y miembro del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (Ceppe), Alejandro Carrasco.

En el balance de esta iniciativa -que contabiliza 15 proyectos aceptados para utilizar el RIS- la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, reiteró el interés por parte del ministerio en que “se transforme en una política estable de cooperación entre el Estado y la Academia para dar solución a los problemas sociales que debemos buscar superar como sociedad”.