Sofofa identifica 23 "piedras en el zapato" para el crecimiento del país
Texto titulado “Obstáculos al crecimiento en la agenda legislativa”, plantea los impactos negativos económicos y legales que tendrían las mociones que se discuten en el Congreso.
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El pasado martes el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte, participó en una reunión con el presidente de la República, Sebastián Piñera, en donde discutieron acerca de la situación económica del país.
En el encuentro, calificado como “franco” por parte del mundo gremial, el líder de los industriales entregó un documento al mandatario, el cual recopila diversos proyectos de ley que -a juicio del gremio- podrían tener un impacto negativo en el crecimiento del país. “Así como hace algunas semanas le presentamos al ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, 50 medidas para levantar barreras a la competencia, le presentamos al Presidente una agenda de 21 iniciativas legislativas, muchas de ellas mociones parlamentarias, que creemos representarán nuevos obstáculos al crecimiento”, explicó Larraín, listado que subió a 23 tras una revisión.
En el documento Sofofa argumenta las razones de por qué dichas propuestas tendrían un efecto negativo, desglosando los aspectos económicos y legales. “Hay varias mociones parlamentarias que cada una de ellas tiene un titular loable, pero cuando vemos los contenidos se generan obstáculos que dificultan el crecimiento y el desarrollo de inversión”, explicó el dirigente, junto con explicar que la intención del listado no es suprimir el debate, sino que invitar a los actores a escuchar y considerar los análisis técnicos.
Trabajo y previsión
En un primer ítem, titulado “Institucionalidad laboral y previsional”, el gremio agrupa cinco proyectos que serían obstáculos para el crecimiento. La reducción de la jornada laboral a 40 horas; las propuestas que modifican el Código del Trabajo para regular la subcontratación y la polifuncionalidad; las mociones que extienden al padre el fuero laboral de la madre trabajadora; y algunas de las indicaciones que se presentaron a la reforma previsional en su discusión en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Sobre bajar la jornada de 40 horas, el gremio sostiene que el costo de mano de obra y la base de cálculo de la hora extraordinaria podrían subir 16%, así como afectar a la baja “las remuneraciones de los trabajadores que tienen componentes variables como remuneraciones por pieza, obra o medida (call center, industria manufacturera y otros), a los que gozan de semana corrida dado que la perderán al pasar a distribuirse su jornada de 37,5 horas en 4 días, al personal contratado por hora, al personal con alta rotación en su empleo, entre otros”.
En el caso de la reforma previsional, la Sofofa advierte que se aprobaron indicaciones sobre materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente.
Institucionalidad ambiental
En el ámbito ambiental las preocupaciones del gremio son variadas. En el listado de Sofofa aparecen proyectos de ley relacionados a la protección de glaciares, la conservación de humedales, restricciones a la tramitación de proyectos en zonas saturadas, la regulación del uso de plásticos de un solo uso y la participación de las comunidades en proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental.
Con respecto al proyecto de ley de los senadores Isabel Allende, Guido Girardi y Ximena Órdenes para proteger los glaciares, creen que establecería “una prohibición absoluta, generalizada y a priori respecto toda actividad en áreas cercanas a un glaciar”.
Para Sofofa, dicha propuesta implicaría prescindir de los “instrumentos de protección existentes, tales como el SEIA y Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)”.
Con respecto a la modificación a la Ley 19.300 con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas, estiman que distorsionaría el SEIA “incorporando condiciones a proyectos por el sólo hecho de estar emplazado en una localidad, aún cuando éste no tenga impacto en los contaminantes que originaron la declaración de latencia o saturación”.
Empresas y actividades reguladas
Las mociones que tienen relación a actividades reguladas engrosan el listado de Sofofa. En este ítem el gremio agrupa a varias iniciativas que les inquieta, entre ellas la relativa a declarar la nulidad de la Ley de Pesca, el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, la moción que declara de interés nacional el litio y a la empresa SQM, la reforma al Código de Aguas y la moción para regular el uso de agua de mar para desalinización, entre otras.
La referida al litio y, a su vez, declarar de interés nacional a la empresa Sociedad Química y Minera de Chile S.A, para Sofofa “introduce incertidumbre al desarrollo de todas las actividades industriales relacionadas a la incorporación de valor agregado al litio, e inhibe el financiamiento de terceros y la inversión de SQM para el desarrollo de la actividad de producción de litio”.
Ordenamiento constitucional
En relación a proyectos que tienen relación con modificaciones a la Constitución Política, en el listado de alerta del gremio industrial aparecen tres propuestas: la moción que propone destinar un porcentaje mínimo del impuesto a pagar por las empresas al presupuesto de la región en que realicen sus actividades; el proyecto para establecer la obligatoriedad del Estado de garantizar a todas las personas el acceso al agua potable; y la moción para consagrar la reducción, la reutilización y el reciclaje de desechos como principios orientadores del deber estatal de velar por la protección ambiental.
La propuesta que busca garantizar el acceso a agua potable, a juicio de Sofofa, “vulnera el derecho de propiedad”, ya que al exigirle al Estado esta tarea “éste podría expropiar a los particulares para cumplir con dicho mandato”.
En tanto, sobre la propuesta para establecer el reciclaje como un principio orientador, el gremio cuestiona que “dado que el recurso de protección se refiere solamente a actos de autoridad, esta obligación autorizaría al Estado a intervenir en las empresas privadas en toda materia relativa a la reducción, reutilización y reciclaje, ya que dichas acciones quedarían bajo su tutela y responsabilidad”.