Marcel: “Existe en el mundo una demanda creciente por proyectos, inversiones y productos financieros que cumplan con estándares ambientales”

Después de más de tres años de trabajo este viernes se presentó oficialmente el anteproyecto del Sistema de Clasificación o Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles (T-MAS), una iniciativa del Ministerio de Hacienda para desarrollar un lenguaje que permita definir qué actividad es sostenible.

La taxonomía es un lenguaje común que reduce los costos de transacción y reducirlos “es una contribución a aumentar la productividad en una economía”, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en un evento realizado en la sede Presidente Errázuriz de la Universidad Adolfo Ibáñez.

En la conversación moderada por el decano de la Escuela de Negocios de la UAI, Juan Carlos Jobet, la autoridad destacó que la sostenibilidad ambiental es una materia de preocupación global y que “existe en el mundo una demanda creciente por proyectos, inversiones y productos financieros que cumplan con estándares ambientales”.

“Nosotros como Gobierno hemos venido emitiendo bonos verdes y bonos sostenibles desde ya hace un buen tiempo. Estamos llegando a un 40% de la deuda chilena que tiene este tipo de normas y, por lo tanto, por esa vía nos hemos acercado más o menos a tener una idea de cuál es el premio que hay”, dijo.

Al ser consultado por Jobet sobre cuál es ese premio, dijo que lo han estimado entre 10 y 15 puntos base, un monto significativo en colocaciones con plazos largos.

Beneficio para las empresas

Marcel afirmó que la taxonomía también representa un beneficio para todos quienes desarrollan actividades medioambientalmente sostenibles, ya que obtienen un premio por desarrollar las actividades de esa manera.

Asimismo, explicó que para definir qué es medioambientalmente sostenible se aplicará una serie de criterios, no es que existen actividades que por sí mismas sean buenas o malas. “La sostenibilidad medioambiental se juega no solo en qué es lo que se está produciendo, sino que sobre todo cómo se está haciendo”.

Marcel también enfatizó que la T-MAS es interoperable con 53 taxonomías internacionales. “A lo que estamos apuntando es a una taxonomía que no es aislada del resto del mundo, que no pretende ser excluyente, sino que lo que busca es ser interoperable”.

La T-MAS tampoco debería ser un esfuerzo adicional para las empresas. “Vivimos tiempos en que se discute mucho sobre los permisos para inversiones y con mucha razón. Y justamente ese fue una de las preocupaciones que estuvieron presentes desde muy temprano en el desarrollo de esta taxonomía”, aseguró.

Por eso, se buscó que el texto se apoyara “en ciertos estándares y procesos locales, para que no sea un trámite adicional. Es decir, que no requiera un esfuerzo adicional que duplique aquello que se requiere cuando se evalúa un proyecto, cuando se tramita un permiso de inversión u otras materias”, dijo.

Y agregó que “esta es una taxonomía que justamente por la forma participativa en que se desarrolló con validaciones por parte de los reguladores y por parte de los sectores productivos, lo que busca es el poder apoyarse en ciertos estándares, procesos existentes en Chile, y por lo tanto reducir el costo de su aplicación”.

Esfuerzo conjunto

La T-MAS comprende seis objetivos medioambientales y nueve sectores elegibles. Los objetivos son seis: mitigación del cambio climático; adaptación al cambio climático; transición hacia una economía circular; uso sostenible de los recursos hídricos y marinos; conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad; y prevención y control de la contaminación.

Los sectores económicos elegibles, en tanto, son la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y acuicultura; minas y canteras; industrias manufactureras; suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación; construcción; transporte y almacenamiento; información y comunicaciones; y actividades inmobiliarias.

En su elaboración colaboraron organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), además de expertos.

El texto está en proceso de consulta pública hasta el 31 de enero.