Subpesca defiende plena vigencia de la Ley de la Jibia ante el Tribunal Constitucional y se pospone acuerdo

Tras declarase admisible la acción de la Pesquera Landes y después de presentar en abril un requerimiento al Tribunal Constitucional, señalando como inconstitucional la ley que prohíbe la pesca de arrastre para capturar la jibia, hoy se llevó a cabo los primeros alegatos virtuales dejando - en la práctica - fuera del negocio al sector industrial.

La vista y alegatos del requerimiento de Landes se realizaron en el TC, donde uno de los presentes fue el jefe de la división jurídica de la Subsecretaría, Luis Orellana, quien argumentó ante los ministros del TC que la Ley de la Jibia sería totalmente válida y constituye una obligación de esa repartición cumplirla y hacerla cumplir.

"La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en conformidad con la Constitución, y en el ejercicio de sus atribuciones, ha velado en todo momento porque los armadores industriales acaten lo dispuesto en la Ley N° 21.134 (de la jibia), como asimismo ha apoyado a aquellos que han buscado los mecanismos jurídicos para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha ley, esto es, extraer jibia utilizando potera o línea de mano", subrayó Orellana en una parte de su alegato.

El requerimiento de Landes fue dirigido en contra de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Dicha acción, a su vez, se dio en el contexto de un recurso de protección presentado previamente por la misma empresa ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, también en contra de Subpesca.

"Al litigar hoy ante el Tribunal Constitucional, hemos sido consistentes con nuestra posición: defender la plena vigencia de la Ley de la Jibia, norma aprobada por el Congreso y, por lo tanto, válida. Una de nuestras obligaciones como institución pública es hacer respetar el ordenamiento jurídico, y ejercer en plenitud las atribuciones que nos competen. Es lo que corresponde en un Estado de Derecho", aseveró respecto del alegato, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya.

En tanto, según Embarcados de Chile, la norma "representa los impactos negativos de la norma sobre otros empleos del sector, así como efectos que sobre la salud de los trabajadores acarrearía utilizar los aparejos señalados por la modificación legal de 2019."