Senadores proponen modelo de pago de deuda por servicios básicos con aporte del Estado y empresas

A casi dos semanas del vencimiento de la ley de servicios básicos que prohíbe el corte por no pago, continúa el debate en torno a las dos mociones refundidas que buscan prorrogar la legislación.

Pero más que una extensión del plazo, que a estas alturas no tiene mayor objeción, los senadores y gremios han planteado la necesidad de una solución de raíz, ya que la alta morosidad haría inviable que los usuarios puedan ponerse al día una vez superada la crisis.

La discusión no es nueva, pero dio un paso más allá esta semana considerando la gravedad del endeudamiento. En el inicio de la discusión del proyecto en la comisión de Economía de la Cámara Alta, el senador Jorge Pizarro, aseguró que era de “lógica coherencia” adecuar los plazos y dijo que tenía una propuesta para evitar un problema mayor. Y aunque la discusión del articulado siguió su curso, el acuerdo fue avanzar en paralelo en lo que llamó una “solución integral”.

La propuesta de Pizarro -que también fue elaborada con la senadora Yasna Provoste y que se construyó con el apoyo de ingenieros de la U. de Santiago- no se ha planteado formalmente en la comisión, pero ya se está socializando con parlamentarios e incluso autoridades.

¿En qué consiste? Se propone un proyecto -que debiese ser una iniciativa de ley que tenga el patrocinio del Ejecutivo- de carácter solidario al que concurran todos los actores: industrias de los sectores (sanitario, eléctrico y gas de cañería), Estado y usuarios finales, residenciales y no residenciales, regulados y no regulados.

La deuda morosa total por sector se estructura en tres grandes grupos. Primero, las empresas acreedoras del compromiso que concurren con un 25% del total mediante una condonación. En segundo lugar, el Estado que aportaría otro 25% del total de la deuda morosa mediante pago anual a las compañías de servicios. Y, finalmente, los usuarios finales de cada sector quienes asumirían el 50% restante de manera progresiva. Es decir, quienes más tienen, más aportarían.

Solo se excluyen en el modelo solidario aquellos usuarios finales residenciales que son beneficiarios de subsidios, tanto para servicios sanitarios como para el suministro eléctrico.

En sí, se basa en una propuesta progresiva donde aportan más quienes más tienen y un modelo en que el total de la deuda es prorrateada en cuatro años, ajustada a valor real estimado. Además, la carga debe ser temporal y sostenible. Los mecanismos, en lo posible, automáticos.

Asimismo, debe incorporar al total de los morosos, independientes de que hayan acudido o no a la ley de servicios básicos. Esto -plantean- constituye un elemento de realismo pues los morosos hasta quintuplican en algunos sectores a quienes han hecho uso explícito de la ley. Y también se deben incorporar mecanismos de desincentivo que, en lo posible, eviten que usuarios de los servicios se beneficien de sus normas sin necesidad.

Involucrar a todos

Según se detalla en el documento, al 31 de diciembre, en el sector sanitario se tendría una deuda total de $ 133 mil millones con una deuda promedio de cada hogar de $ 650 mil. Y, en el sector eléctrico, una deuda total de $ 187 mil millones, con una deuda promedio de $ 586 mil por hogar. Con los datos, dice, “es posible proyectar un incremento importante de las deudas en mora desde la fecha de término de la vigencia de la ley y por lo menos hasta diciembre de este año”.

A lo que se suma que un bajo número de clientes finales han hecho uso de la ley y en la práctica se ha aplicado una decisión por parte de las empresas de cada sector de no realizar cortes, acumulando deuda. De acuerdo a Empresas Eléctricas, solo 150 mil clientes han accedido a los convenios de repactación.

Por esto, en el texto se asegura que “el gobierno ha estado ausente de ir en ayuda de las familias” y que tampoco todas las compañías han concurrido a colaborar en esta emergencia. “Si bien las empresas sanitarias, de gas de cañerías y de distribución de energía eléctrica se hacen cargo de los costos financieros que la ley implica al prohibir multas e intereses; las generadoras y transmisoras se han negado a colaborar y a través del Ejecutivo se ha logrado ser excluidas de la legislación”, sostiene.

Consultado por los segmentos del sector eléctrico que serían convocados, considerando que hoy solo figura la distribución, el también vicepresidente del Senado indicó que “el ideal es que se pudieran involucrar todos”. “Por eso se requiere de una acción más proactiva de parte del Ejecutivo”, dice.

En lo que se refiere al gobierno, Pizarro plantea que se requiere una “política integral que permita que una parte de ese endeudamiento lo financie el Estado aumentando los subsidios que ya se entregan a las familias más vulnerables”. Pero, independiente de los porcentajes de aporte, asegura que la idea es plantear que es posible el debate y que se puede perfeccionar.

El director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, sostiene que no conoce aún detalles de la propuesta del senador, pero de acuerdo a lo conocido “apunta a dar solución al problema” a través de “mecanismos solidarios y sustentables”.

Según trascendió, en Hacienda miran con atención las mociones que se están tramitando, pero por estos días el tema está radicado en las carteras de Energía y Economía.