Economía y Política
Piden ampliar ley de lobby a donativos, mails y reuniones informales de autoridades
Proyecto que estudia la Cámara de Diputados será objeto de una serie de indicaciones durante su votación en particular prevista para fines de julio.
Por: | Publicado: Lunes 9 de julio de 2012 a las 05:00 hrs.
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Por Rodolfo Carrasco M.
Un documento de cuatro páginas con nueve perfeccionamientos al proyecto de ley del gobierno que busca regular la actividad del lobby en Chile, presentó el Consejo para la Transparencia (CPLT) con el objetivo de que dichos aspectos sean considerados para la discusión en particular de la normativa que realiza la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
El texto enviado por el presidente del organismo, Alejandro Ferreiro, señala que entre las observaciones se pide ampliar la definición de quienes se entienden como sujetos pasivos de las obligaciones dispuestas en la ley, más allá del grupo acotado de autoridades y funcionarios de primer nivel. Por ende, se sugiere considerar como sujetos pasivos a todos los funcionarios o personas contratadas bajo cualquier régimen (honorarios, contrata, Código del Trabajo, asesorías a servicios públicos financiadas por organizaciones internacionales, como BID, Banco Mundial y PNUD), que asesoren o reporten directamente a las jefaturas con poder de decisión (sujetos obligados). Con ello se evitaría que quien realiza lobby busque una manera indirecta de ejercer la representación de intereses para no quedar en evidencia en el Registro de agenda pública.
El CPLT también señala que en el artículo que establece los contenidos del registro de agenda pública, parecen excluirse las actividades o reuniones informales. Por tanto, se estima conveniente agregar una norma que establezca expresamente la obligación de incorporar en el registro dichas actividades. Ello pues si sólo regulamos la actividad formal, todas estas otras reuniones quedarían fuera, a pesar de su significativa vinculación con la toma de decisiones. Entonces, ya no se pedirán audiencias a las autoridades, sino que se les invitará a actividades extra-programáticas con la finalidad de excluirlas de la obligación de informar.
Se pide complementar la información contenida en el registro de agenda pública, pues existen otras formas de hacer lobby distintas a las mencionadas en el proyecto. Así se considera necesario regular expresamente el tratamiento que se va a dar a las comunicaciones sostenidas entre los lobbystas y los sujetos pasivos.
En este sentido consideran conveniente regular las comunicaciones sostenidas cuando éstas se realizan utilizando el envío de correos electrónicos. Explican que “dado la divergencia de opiniones en esta materia, de no regularse expresamente se corre el riesgo que todas las actividades de lobby desarrolladas por correos electrónicos sean secretas y reservadas y no puedan ser sometidas al conocimiento público”.
Se pide incorporar al registro las llamadas telefónicas y videoconferencias sostenidas entre los sujetos pasivos y las personas que realicen lobby. Ello pues no se aprecia una diferencia sustancial entre una reunión o audiencia presencial y una conversación efectuada por alguno de estos medios de comunicación. También debieran incluirse todos los “donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación” que recibieran los sujetos pasivos, el CPLT precisa que “se trata de obsequios lícitos, pero creemos que convendría transparentarlos”.
Un documento de cuatro páginas con nueve perfeccionamientos al proyecto de ley del gobierno que busca regular la actividad del lobby en Chile, presentó el Consejo para la Transparencia (CPLT) con el objetivo de que dichos aspectos sean considerados para la discusión en particular de la normativa que realiza la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
El texto enviado por el presidente del organismo, Alejandro Ferreiro, señala que entre las observaciones se pide ampliar la definición de quienes se entienden como sujetos pasivos de las obligaciones dispuestas en la ley, más allá del grupo acotado de autoridades y funcionarios de primer nivel. Por ende, se sugiere considerar como sujetos pasivos a todos los funcionarios o personas contratadas bajo cualquier régimen (honorarios, contrata, Código del Trabajo, asesorías a servicios públicos financiadas por organizaciones internacionales, como BID, Banco Mundial y PNUD), que asesoren o reporten directamente a las jefaturas con poder de decisión (sujetos obligados). Con ello se evitaría que quien realiza lobby busque una manera indirecta de ejercer la representación de intereses para no quedar en evidencia en el Registro de agenda pública.
El CPLT también señala que en el artículo que establece los contenidos del registro de agenda pública, parecen excluirse las actividades o reuniones informales. Por tanto, se estima conveniente agregar una norma que establezca expresamente la obligación de incorporar en el registro dichas actividades. Ello pues si sólo regulamos la actividad formal, todas estas otras reuniones quedarían fuera, a pesar de su significativa vinculación con la toma de decisiones. Entonces, ya no se pedirán audiencias a las autoridades, sino que se les invitará a actividades extra-programáticas con la finalidad de excluirlas de la obligación de informar.
Se pide complementar la información contenida en el registro de agenda pública, pues existen otras formas de hacer lobby distintas a las mencionadas en el proyecto. Así se considera necesario regular expresamente el tratamiento que se va a dar a las comunicaciones sostenidas entre los lobbystas y los sujetos pasivos.
En este sentido consideran conveniente regular las comunicaciones sostenidas cuando éstas se realizan utilizando el envío de correos electrónicos. Explican que “dado la divergencia de opiniones en esta materia, de no regularse expresamente se corre el riesgo que todas las actividades de lobby desarrolladas por correos electrónicos sean secretas y reservadas y no puedan ser sometidas al conocimiento público”.
Se pide incorporar al registro las llamadas telefónicas y videoconferencias sostenidas entre los sujetos pasivos y las personas que realicen lobby. Ello pues no se aprecia una diferencia sustancial entre una reunión o audiencia presencial y una conversación efectuada por alguno de estos medios de comunicación. También debieran incluirse todos los “donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación” que recibieran los sujetos pasivos, el CPLT precisa que “se trata de obsequios lícitos, pero creemos que convendría transparentarlos”.