Gobierno evalúa fórmula mixta para financiar sala cuna y ve costo inicial de US$ 200 millones

El proyecto de ley que busca establecer el derecho a sala cuna universal para los hijos de madres y padres trabajadores a cargo de su cuidado, va tomando forma y fuerza. Así lo dejó ver ayer el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, en la presentación de la cuenta pública participativa de la cartera.

El secretario de Estado confirmó que la iniciativa ingresará en las próximas semanas al Congreso para iniciar su tramitación, pero señaló que desde el Ejecutivo aún se trabaja en la definición de las opciones de financiamiento.

Fuentes aseguran que las estimaciones iniciales del gobierno arrojarían un costo de implementación de la iniciativa que va entre US$ 200 millones y US$ 500 millones. Pero ¿por qué tanta diferencia? todo radicaría en el aumento de cobertura y el costo mensual de contratar una sala cuna, ya que los precios de estos espacios pueden variar entre los $ 360 mil y $ 600 mil.

Además, como factor adicional en las estimaciones, estaría el punto de considerar o no a las 11 mil salas cunas bajo la administración de Junji y Fundación Integra.

“Hay varias alternativas, hay proyectos que han contemplado la participación del seguro de cesantía, total o parcialmente, no es algo que nosotros hemos decidido ni descartado, hay tres caminos de financiamiento (...) por supuesto que van haber aportes del Estado, perola forma en que esos aportes se hagan efectivos vamos a resolverla en los próximos días”, explicó Monckeberg tras la cuenta pública.

Por ahora, las principales opciones de financiamiento serían la reasignación de una parte de la cotización del seguro de cesantía; otra alternativa es un aporte estatal directo y una tercera opción es una mezcla de ambas opciones. Cercanos a las conversaciones aseguran que al interior del gobierno existiría preferencia por la tercera opción..

Otras estimaciones

Otros actores también han analizado el tema y planteado sus propias fórmulas de financiamiento. Tal es el caso de la Comisión Nacional de Productividad (CNP), la cual en septiembre entregó a la presidenta Michelle Bachelet una propuesta.

En su momento, el presidente de dicha entidad, el economista Joseph Ramos, aseguró que el costo bordearía los US$ 350 millones por año si se implementa con la tasa de participación laboral femenina actual y llegaría a unos US$ 500 millones una vez que se alcance la tasa de participación de la OCDE (61%).

En tanto, la presidenta ejecutiva de Chile Mujeres, Francisca Jünemann, estima en US$ 358 el costo de la medida.

Sobre el financiamiento, agregó que la más adecuada sería el subsidio estatal, opción que, además, beneficiaría al Fisco. “Si lograramos que 200 mil mujeres ingresaran al mercado laboral formal, el PIB de Chile aumentaría 0,69% y la recaudación fiscal anual sería de US$ 645 millones al año”, dijo.