Brasileños se manifiestan contra la corrupción

La opinión publica en Brasil se ha movilizado recientemente contra la corrupción después de una larga serie de escándalos que afectaron a varios ministros y legisladores. Las protestas anti-corrupción se realizaron el 7 de septiembre, día nacional de Brasil, en Brasilia y otras ciudades a lo largo del país. Aunque la escala de demostraciones fue relativamente pequeña, es probable que las movilizaciones aumenten en las próximas semanas, impulsadas por una creciente reacción violenta del público general y favorecidas por las nuevas tecnologías y los medios sociales.

El movimiento refleja una creciente frustración en la creciente clase media por el uso ineficiente de los fondos públicos y mala conducta general de las autoridades, y apunta a un fuerte deseo público de ver procesadas a las autoridades corruptas. La historia política reciente en Brasil ha sido estropeada por una sucesión de escándalos de corrupción. Estos incluyen la impugnación de un ex presidente, Fernando Collor de Mello, en 1992; el llamado mensalão (un programa de compra de votos y financiamiento de campañas ilegales) en 2005 durante la administración de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-10); y las recientes renuncias del jefe de gabinete de la presidenta Dilma Rousseff y varios de los ministros por las acusaciones de mala conducta.




Soborno registrado


Un reciente escándalo de soborno ha impresionado, en particular, a la opinión pública. Se trata de una cinta de video (grabada en 2006) que muestra a una diputada federal, Jaqueline Roriz, recibiendo una gran cantidad de dinero en efectivo como soborno (100.000 reales o 
US$ 62.000) en Brasilia. A fines de agosto, la Cámara de Diputados rechazó la moción de su propio comité de ética para expulsar a Roriz, por 265 votos contra 166, basándose en que ella había usado lo recaudado del soborno para apoyar su anterior campaña para la elección estatal para el distrito federal de Brasilia, y no para el Congreso federal.

El resultado de la votación fue, en gran parte, atribuido al hecho de que se utilizó la “votación secreta”, lo que le permitió a los diputados votar en apoyo a Roriz como una señal de su (dudosa) solidaridad, sin ser identificados. Esto refleja la falta de apetito de parte de los diputados por una campaña anti-corrupción hecha y derecha, y destaca la gran escala del problema de la corrupción y el nerviosismo al pensar que pueden convertirse en objetivo de futuras investigaciones.

El episodio ilustra la creciente desconexión entre el Congreso y el electorado, lo que ya ha sido evidente con una serie de escándalos que involucran al presidente del Senado (la cámara alta), José Sarney, y sus aliados hacia el término del segundo período de Lula. No obstante, Roriz aún enfrenta investigaciones por el Supremo Tribunal Federal.

El video que muestra a Roriz aceptando el soborno ha impulsado las últimas protestas. Más demostraciones anti-corrupción, las que han sido coordinadas a través de varios medios sociales sin el involucramiento de partidos políticos o sindicatos, se están preparando para hoy (día de Nuestra Señora de la Aparecida, la santa patrona de Brasil, y el día del niño). Una de las demandas a corto plazo de los manifestantes es que se termine el uso de votos secretos en las votaciones del Congreso que estén vinculados a hechos de corrupción.




Presidenta en medio del problema


Aunque Rousseff ha buscado reafirmar su posición pública al aparecer dura frente a la mala conducta de las autoridades, también ha evitado, hasta donde es posible, cualquier paso radical que pueda perjudicar su mayoría en el Congreso. Aplicó presión sobre el entonces ministro de Transportes, Alfredo Nascimento, para que renunciara a su cartera cuando surgieron las acusaciones de corrupción que lo señalaban como culpable (las que en última instancia llevaron al Partido da República, o PR, a dejar la coalición gobernante, al menos formalmente). Pero la presidenta ha tomado una postura más cautelosa frente al Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), que es el principal aliado de su propio partido, el Partido dos Trabalhadores (PT).

Cuando los ministros de Agricultura y Turismo (ambos del PMDB) enfrentaron acusaciones de corrupción, Rousseff no los destituyó de sus cargos, pero esperó hasta que sus posturas se transformaron en indefendibles, y hasta que el PMDB retiró su apoyo a ambos. El ministro de Agricultura, Wagner Rossi, renunció el 17 de agosto y el ministro de Turismo, Pedro Novais, lo hizo el 14 de septiembre con lo que se convirtió en el cuarto ministro en dejar el gobierno en menos de nueve meses como resultado de las acusaciones de corrupción.




La casa en orden 


Rousseff ha dicho repetidamente que sus esfuerzos para limpiar la corrupción (conocida como faxina o “limpieza de casa”) son ante todo para ayudar a cumplir las metas del gobierno, como la erradicación de la extrema pobreza. Aunque la presidenta entiende que la pelea contra la corrupción es popular entre el electorado, la mandataria no puede permitirse desestabilizar a su amplia coalición. El gobierno ha puesto también presión sobre el Congreso para evitar que se establezca una comisión de investigación parlamentaria contra la corrupción, lo que probablemente distraería a los diputados de su agenda legislativa.

En general, Rousseff continuará adoptando una postura más dura sobre la corrupción que la del ex presidente Lula, pero ella no lo convertirá en un principio central de sus políticas. Pero a medida que ella y otros políticos quieren ganar el corazón y las mentes del electorado y de la clase media emergente, la corrupción se mantendrá como un problema vivo (si no central) en el debate político y en la agenda de las autoridades durante los próximos meses.