Autoridad peruana buscará regular el monto máximo para las transacciones en efectivo
Como mínimo se debe legislar que la compra de bienes inscribibles (a partir de cierto monto) deba hacerse utilizando medios de pagos del sistema financiero.
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La lucha contra el lavado de activos no da tregua. Entre las medidas para luchar contra este flagelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS), planteó la necesidad de legislar sobre el monto máximo de los pagos con dinero en efectivo.
De acuerdo al superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinosa, en Perú se puede hacer cualquier tipo de transacción en efectivo sin mayor restricción.
Por ello, sugirió algunas medidas. “Cuando una persona quiere ingresar efectivo al país debería hacerlo a través los bancos y hasta una cantidad tope”, detalló el personero.
En cuanto a las transacciones internas estimó que pueden regularse respecto al monto involucrado o en función de la adquisición de ciertos activos o servicios.
En este último caso propuso que todas las compras de inmuebles, vehículos y bienes registrables en general, no se realicen en efectivo. Los notarios verificarían que esto se cumpla.
Como mínimo se debe legislar que la compra de bienes inscribibles (a partir de cierto monto) deba hacerse utilizando medios de pagos del sistema financiero, explicó.
Esto sería aplicable al pago de remuneraciones o de servicios públicos, como ocurre en otros países, añadió.
Abogados y contadores
De otro lado, Espinosa refirió que el último día de enero el congresista Luis Iberico presentó un proyecto de ley, que recoge una propuesta de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP de 2009, por la cual los abogados y contadores se sumarán a la lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos.
“Esta no es sólo una idea nuestra sino también una recomendación internacional”, indicó Espinosa.
Esta iniciativa preservará el derecho de estos profesionales a la inviolabilidad del secreto profesional en la relación con sus clientes, aseguró.
La propuesta está más enfocada, por ejemplo, a los abogados que se dedican al derecho corporativo, indicó. Si durante su labor asesorando adquisiciones o fusiones de empresas, detectan situaciones ‘sospechosas’, deberán reportarlo, señaló.